La Marina manipuló basurero de Cocula. Todo fue un montaje
*El informe del GIEI exhibe cómo la “verdad histórica” de Caso Ayotzinapa fue construida por funcionarios de distintas dependencias, como la Policía Estatal, el Ejército, la Semar, la Policía Federal, la PGR, la AIC y la SEIDO
*El material inédito dado a conocer este día fue captado por un vehículo aéreo no tripulado el 27 de octubre de 2014
*Las revelaciones realizadas y los hallazgos en la investigación fueron posibles gracias a la apertura de archivos militares y de inteligencia, que ordenó el Presidente López Obrador
SUGEYRY ROMINA GÁNDARA
SINEMBARGO/CDMX
Al menos 12 elementos de la Secretaría de Marina (Semar) manipularon el basurero de Cocula, en Guerrero, durante las investigaciones que se realizaron el 27 de octubre de 2014 con motivo de la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos un mes antes en Iguala, según consta en videos de inteligencia obtenidos por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y dados a conocer este lunes en el marco de su Tercer Informe por este caso.
El Grupo de Expertos difundió la grabación y dio a conocer que estas diligencias realizadas por la Mariana eran “hasta ahora desconocidas” además de no existir constancia de ellas “en ninguna parte del expediente de investigación de la PGR”.
También indicó que los elementos de la Semar estuvieron en este lugar, clave para la “verdad histórica” del Gobierno de Enrique Peña Nieto, horas antes de que llegara personal de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
De acuerdo con la versión del Procurador Jesús Murillo Karam, el basurero de Cocula fue el sitio en donde integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos llevaron a los 43 normalistas de Ayotzinapa para arrebatarles la vida y después incinerar sus cuerpos.
Esta “verdad histórica” del Gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido cuestionada por el GIEI y el EAAF, así como por otros expertos, pese a ello, las autoridades de la administración anterior insistieron en su veracidad.
El material inédito dado a conocer este día fue captado por un vehículo aéreo no tripulado el 27 de octubre de 2014.
También se difundieron imágenes en 3D para explicar el minuto a minuto de estas diligencias, agrupadas en seis eventos que inician alrededor de las 6:30 horas y que se extienden hasta las 12:00 horas con la llegada de peritos de la PGR y la EAAF, cuyas investigaciones se alargaron ese día hasta las 17:30 horas.
El video da cuenta de cómo entre las 6:39 horas y las 6:52 tres camionetas blancas de la Marina llegan al basurero “lo que sería la escena del crimen principal”, y en donde en un primer momento se aprecian tres bultos blancos.
Minutos después, una de las camionetas retrocede para bloquear el acceso al lugar.
Posteriormente, según estos videos, se ve una fogata a unos metros de las camionetas que permanecen cerca de la pendiente. Para ese entonces los tres bultos blancos desaparecen.
A las 7:37, el fuego cesa y minutos más tarde, se ve a un grupo marinos regresar a las camionetas, subir algo y salir del basurero.
Hacia las 8:13 horas se ve la llegada de una camioneta de la Policía Federal a la que se le impide el acceso y 17 minutos después arriban elementos de la PGR, entre ellos el Procurador Jesús Murillo Karam, y personal la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). A las 8:31 comienza el descenso de un grupo de personas a la parte baja del basurero.
“Minutos antes de las 10:00 horas, se ve sobrevolando tres helicópteros, uno de estos hace un intento de aterrizar en la zona A del basurero (la parte alta). Se ven objetos volando en todas direcciones por el aire impulsado por la aeronave cuando queda a pocos metros del suelo”, se lee en la narrativa de hechos.
Hace las 11:02 horas, de acuerdo con esta narrativa, llegan peritos forenses de la PGR.
“Minutos más tarde, a las 11:18 horas, las personas caminan sobre la zona donde luego fueron halladas la mayor concentración de evidencias y remueven objetos de la superficie, arrojándolos a los lados”.
Finalmente, una hora después acuden al lugar más peritos de la entonces Procuraduría y del EAAF, quienes sí resguardar esta zona.
Conclusiones
En su tercer reporte sobre el caso Ayotzinapa, el GIEI recuerda que ese mismo día, a las 16:00 horas de ese día, Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), encabezaron una conferencia de prensa en la Ciudad de México para anunciar la detención de cuatro integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, supuestos partícipes de la desaparición de los estudiantes en el basurero de Cocula ya el río San Juan.
Sin embargo, “en ese momento, los detenidos ni siquiera habían sido puestos a disposición de la PGR, ni habían declarado, por lo que estaban informando sobre hechos que, al menos en el expediente, aún no había ocurrido”, revela el Tercer Informe, al destacar que en los primeros días de febrero elementos de la Policía Estatal y del 27 Batallón de Infantería, ya vigilaban el lugar y preguntaban a lugareños de Cocula por algunos personajes que fueron después acusados por la PGR.
Por lo tanto, el GIEI, compuesto por Ángela Buitrago, Carlos Beristain, Claudia Paz y Paz y Francisco Cox, exhibe cómo la “verdad histórica” fue construida por funcionarios de distintas dependencias, como la policía estatal, el Ejército, la Semar, la Policía Federal, la PGR, la AIC y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), narrativa que “fue una forma de ocultar el destino de los estudiantes ya que sostuvo por todas las autoridades federales una versión distorsionada, que daba por cerrado el caso y que impedía que los estudiantes fueran realmente buscados y en lo posible encontrados”.
Con la participación de la Unidad Especializada en la Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA), entre los nuevos datos revelados en el documento, se demuestra que la llamada anónima con la que se justificaron las detenciones de personas involucradas en la “verdad histórica” no existió, y que “se bajó de forma intencional y bajo la dirección de una persona de nivel de dirección de la unidad antisecuestros de la PGR, para dar cobertura a las detenciones que se habían realizado el 27 de octubre (…) se falseó no sólo el contenido sino la fecha, señalando que habría ocurrido el 25 de octubre, de forma que diera credibilidad a actuaciones que ya estaban en curso”.
Había
infiltrados
Claudia Paz y Paz, una de las miembros del GIEI, informó que el informe presentado esta mañana complementa y amplía las revelaciones de los informes previos del Grupo dejaron al desnudo que la famosa “verdad histórica” del sexenio de Enrique Peña Nieto “fue una farsa”.
Destacó además que las revelaciones realizadas y los hallazgos en la investigación fueron posibles gracias a la apertura de archivos militares y de inteligencia, que ordenó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
No obstante, destacó que aún falta que se entreguen otros documentos, sobre todo de inteligencia, y que hasta la fecha el Grupo de Expertos insiste en la importancia de entregarlos para el esclarecimiento de los hechos.
El GIEI reveló que hubo dos operaciones de inteligencia por parte del Ejército Mexicano cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en la que ellos dieron un seguimiento casi contrainsurgente a los estudiantes, operaciones en las que incluso, tenían a elementos de inteligencia infiltrados.
En la presentación del Tercer Informe, el GIEI reveló —con base en documentación militar y de inteligencia— que hubo una orden expresa para dar un seguimiento casi “constrainsurgnete” por parte de las fuerzas castrenses a los estudiantes de Ayotnizapa desde días antes de la desaparición de 43 de ellos.
Precisó Claudia de la Paz: “Un seguimiento que vamos a llamar histórico, casi contrainsurgente a las actividades de la escuela, un seguimiento a las actividades de los estudiantes. Hay una orden expresa por parte de autoridades militares de dar seguimiento a los movimientos de los estudiantes dos días antes del 26 de septiembre; es decir, que las autoridades en aquel momento contaban con información prácticamente minuto a minuto de lo que está ocurriendo”.
La experta enfatizó, por lo tanto, que el Ejército sabía lo que ocurría a detalle porque contaba con información del C4, porque había hombres siguiendo el trayecto de los estudiantes y porque los mismos estudiantes que iban en el autobús estaban infiltrados; es decir, que había gente de inteligencia con fachada de estudiantes que se encontraban en los autobuses y seguramente estaban informando de lo que acontecía.
“Esto es importante, porque además se nos negó la información, es que autoridades que estaban trabajando en el Centro de Coordinación Guerrero, contaban con información muy pormenorizaba de las actividades de trasiego, siembra, cultivo de amapola y fabricación de heroína y trasiego en autobuses. Y también contaban con información muy pormenorizada de que eso se transportaba, no era ninguna novedad, aunque esa información se nos ocultó. Y es así como la noche del 26 y —además que había información clara porque había intervención de comunicaciones en tiempo de real—, se sabía que estaba ocurriendo en el momento de la detención y posterior detención de los estudiantes”, detalló Paz y Paz.
Destruyeron
evidencias
La experta Angela Buitrago reiteró por su parte que durante las investigaciones aseveraciones falsas, hubo simulaciones en las fechas de captura de los detenidos, en los lugares en los que detuvieron a esas personas y en cómo fueron reenviados a la autoridad, además de que las puestas a disposición también fueron falsas.
Además, alteraron todo el contenido de las bitácoras y se ratificó que se cambiaron el número de las patrullas que intervinieron en los hechos. Se destruyó evidencia, como el video de Palacio de Justicia, pero dijo que hay otra evidencia que se destruyó y omitió.
Buitrago reconoció también el trabajo de la Unidad de Investigación y Juzgamiento para el Caso Ayotzinapa, a cargo de Omar Gómez, porque dijo que las “aquí las presiones son muy fuertes” y señaló que la obtención de información del caso pone en evidencia a actores que todavía están dentro de las instituciones y desde ese punto de vista, también los que no están tienen redes de poder muy fuertes.
Asimismo, se localizaron más de 60 videos relacionados con 50 detenidos, “que demuestran el trato degradante y violatorio de derechos humanos”, así como actos de tortura que recibieron por parte de “titulares de Unidad, agentes del Ministerio Público de la Federación, policías federales, ministeriales de la PGR, así como elementos de la Policía Federal y del Cisen (Centro de Información y Seguridad Nacional)”, hechos que ocurrieron en instalaciones de la Semar y de la Seido.
Al sostener que en el caso Ayotzinapa la tortura fue sistemática, el informe describe el modus operandi a partir de los videos: “Los detenidos aparecen con los ojos vendados, sufren golpes, amenazas en contra de ellos o sus familiares cercanos y largos periodos de detención sin alimentos o agua, así como la negación de la asistencia de un defensor”.
Para los autores del informe, “la coordinación de todas estas instituciones no podía ocurrir sin la dirección de una autoridad superior que se tiene que investigar si se quiere tener claridad de cómo y por qué se llevó a cabo toda esta operación, como parte de la verdad que puede ayudar a tener claridad sobe los hechos, las circunstancias de la desaparición y el paradero de los normalistas desaparecidos”.
El caso de
Alexander
Al reconocer que el resto que habría hallado un miembro de la Semar, un buzo, en el río San Juan, corresponde efectivamente a uno de los 43, Alexander Mora Venancio, el grupo de expertos alerta sobre la necesidad de saber cómo se obtuvo el resto óseo y cómo llegó ahí.
“Todo esto permite afirmar que se llevó a cabo una operación coordinada por parte de una multiplicidad de actores, muchos de los cuales no sólo realizaron parte de una actuación ilegal, sino que conocían en distintos niveles las actuaciones que se llevaban a cabo. Funcionarios que participaron en las torturas, las conocieron, legalizaron las capturas o no denunciaron. Otros, llevaron a cabo actuaciones irregulares en el basurero de Cocula y el río San Juan por fuera de la legalidad, y realizaron prácticas para dotar de cobertura esas acciones”, puntualizan.
El GIEI lamenta que la Sedena se resista a entregar algunos documentos que podrían aportar información relevante sobre el caso, como son investigaciones internas relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas, entre ellas averiguaciones previas abiertas contra oficiales por las denuncias de sobrevivientes maltratados por los soldados en el Hospital Cristina, donde los jóvenes llevaron a un compañero herido.
Entre los temas pendientes por investigar, el GIEI considera necesario establecer qué ocurrió con el quinto autobús que tomó un grupo de muchachos y que no ha aparecido, así como solicitar más información de Guerreros Unidos a Estados Unidos, a partir de los juicios abiertos contra algunos de sus miembros detenidos en ese país.
El GIEI formula 26 recomendaciones en materia de acceso pleno a los archivos militares; fortalecimiento de la investigación; procesos de búsqueda; investigación de las torturas; apoyo a los familiares y la aplicación de la experiencia de la UEILCA y la Comisión de la Verdad en otros casos de graves violaciones a derechos humanos.
