Exigen retiro de nombres de represores a calles y edificios públicos
*Denunciaron décadas de impunidad en Guerrero
*Aseguran que desde la Guerra Sucia hasta casos recientes como Ayotzinapa persiste la falta de castigo contra responsables de desapariciones, asesinatos y violaciones a derechos humanos
ROSARIO GARCÍA OROZCO
SNI/CHILPANCINGO, GRO.
Familiares de luchadores sociales desaparecidos y asesinados durante distintos movimientos sociales y políticos en Guerrero respaldaron la propuesta de la diputada morenista, Marisol Bazán Fernández, de retirar la nomenclatura de quienes consideraron «represores» de calles, avenidas y edificios públicos.
Durante una conferencia de prensa realizada en el Congreso del Estado, familiares de víctimas como Lenin Fernández, Guillermina Cabañas, Eugenia Mesino y Norma Mesino señalaron que la exigencia de justicia por los hechos violentos contra líderes sociales se mantiene vigente y adelantaron que continuarán reclamando verdad, memoria histórica y castigo para los responsables de violaciones a derechos humanos en toda la entidad.
Los asistentes recordaron que desde la desaparición de luchadores sociales en la década de los sesenta y setenta han solicitado a distintas autoridades retirar de espacios públicos los nombres de personajes señalados como represores y que se investiguen sus responsabilidades.
“Siempre se ha exigido la aparición con vida de todos los luchadores sociales. Ha habido marchas hasta la Ciudad de México, movilizaciones y una lucha constante; aquí nunca ha habido descanso para quienes seguimos buscando justicia”, expresaron, y agregaron que «no podemos caminar por calles qué llevan los nombres de quienes son responsables de la muerte o desaparición de nuestros familiares».
Los familiares señalaron que varios de los responsables de hechos represivos ya fallecieron, pero mencionaron entre los personajes a expresidentes y exgobernadores, así como mandos militares y políticos relacionados con episodios de violencia de Estado.
Recordaron casos como la Guerra Sucia, la masacre de Aguas Blancas, El Charco y otros episodios ocurridos en Guerrero y el país, además de señalar que durante gobiernos como el de Ernesto Zedillo ocurrieron hechos considerados graves violaciones a derechos humanos sin que hasta ahora exista justicia plena.
“Hubo pueblos completos que desaparecieron, hubo tortura, desplazamientos forzados y asesinatos. Las heridas siguen abiertas porque no hay castigo para quienes hicieron tanto daño”, señalaron.
En el caso de Guerrero, cuestionaron que personajes vinculados con hechos como la masacre de Aguas Blancas continúen participando en la vida política, como el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, pese a recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
También hicieron referencia al caso Ayotzinapa y señalaron que la desaparición de los 43 normalistas forma parte de una larga historia de impunidad en el estado. Consideraron que las investigaciones deben alcanzar a todos los niveles de responsabilidad y no limitarse únicamente a algunos actores.
Uno de los familiares relató que en años anteriores denunciaron a Luis Echeverría Álvarez ante instancias de justicia, pero acusó que no hubo avances bajo argumentos relacionados con su edad y estado de salud.
Narró que, durante una diligencia, familiares que esperaban afuera de las instalaciones lo confrontaron y le reclamaron por los hechos ocurridos durante su gobierno.
“Nosotros seguimos cargando con ese dolor. No se puede olvidar lo que pasó, porque si se pierde la memoria histórica, se corre el riesgo de repetirlo”, expresaron.
Los familiares también denunciaron que algunos de ellos continúan viviendo con temor por su seguridad debido a las amenazas y agresiones que han enfrentado a lo largo de los años, y varios salieron de sus pueblos para no volver por miedo.
Guillermina Cabañas recordó la desaparición y tortura que sufrió su hermana mayor durante la represión política delos 70’s y afirmó que, pese al miedo, seguirá participando en la búsqueda de justicia.
También hicieron un llamado a las nuevas generaciones para mantener viva la memoria de los movimientos sociales y continuar la defensa de los derechos humanos, mediante la organización y la exigencia pacífica de justicia.
