Por vacío jurídico no hubo sanciones contra la ex fiscal: Cayetano

*Fueron correctas y acertada las destituciones de los secretarios de Gobierno, de Seguridad Pública y de la fiscal

*Es necesario cubrir “huecos” en la ley para que procedan sanciones contra servidores públicos

*Sostuvo que fue política, pero no estrictamente legal la destitución de la fiscal

MARCIAL CAMPUZANO
CHILPANCINGO, GRO.

El ex diputado federal Rubén Cayetano García señaló que no se sustanció ningún procedimiento para sancionar a la ex fiscal de Guerrero Sandra Luz Valdovinos Salmerón, por las irregularidades y omisiones en que incurrió, “porque hay un boquete y un vacío jurídico” entre la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Constitución Política del Estado desde hace muchos años que no ha sido subsanado.

Además, se pronunció porque los gobiernos federal y estatal y a la Fiscalía General de la República, den certeza jurídica al procedimiento que derivó del ataque perpetrado contra estudiantes de la normal de Ayotzinapa que dejó un normalista muerto. Pidió que ese hecho sea visto como un asunto de interés general para toda la sociedad guerrerense.

El también abogado litigante señaló que las dimisiones de los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, Ludwig Marcial Reynoso y Rolando Solano Rivera, respectivamente, fueron decisiones correctas; y que la remoción de la fiscal Sandra Luz Valdovinos fue acertada porque los 3 eran insostenibles legal y políticamente hablando.

En las instalaciones de la Delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, Rubén Cayetano dijo que no se debe pasar por alto que desde mucho antes de los acontecimientos del 7 de marzo en el viejo Libramiento a Tixtla, el gobierno del estado y Fiscalía exhibieron una descoordinación institucional como responsables de la seguridad, la investigación y la persecución de delitos, lo cual causa preocupación “porque se genera un vacío de atribuciones con ausencia de gobernabilidad”.

Señaló que con su silencio, los diputados avalaron el oficio o aviso que hizo llegar la gobernadora al Congreso local, mediante los cuales los enteró de su determinación de remover a la fiscal del cargo, pero no estableció la aplicación de sanción alguna porque hay omisiones legislativas y legales en las leyes.

En los hechos el Congreso renunció de forma tácita al análisis y resolución en el plazo de los 10 días que la Constitución le confiere, y sin que el plazo haya transcurrido, lanzó de manera inmediata la convocatoria para elegir a un nuevo fiscal, convalidando la decisión de la gobernadora pero en términos políticos, no estrictamente legales.

El ex diputado federal señaló que la ex fiscal Sandra Luz Valdovinos le quedó mal al pueblo, “nos falló más allá de que no se sometió al examen de control de confianza, o de que puso en peligro o riesgo la paz social, y su arrogancia de pedir licencia hasta por 6 meses constituye un abandono de funciones, más allá de eso las causas graves deben probarse, y eso es lo preocupante en este momento”.

Aclaró que bajar los índices delictivos no son en sentido estricto funciones de la Fiscalía, “las funciones son esencialmente de investigación, persecución de delitos y de procuración de justicia ante los tribunales para tener órdenes de aprehensión, procesar a presuntos delincuentes y lograr una sentencia condenatoria, esa es la función de la Fiscalía”, no como erróneamente se dijo.

En todo caso, sí le corresponde a la Fiscalía acabar con la impunidad, para que las y los guerrerenses “tengamos más gobernabilidad, desarrollo, paz y bienestar”, explicó.

Cayetano García dijo que no se sustanció ningún procedimiento contra la ex fiscal de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos prevista en la Constitución, “porque hay un boquete y un vacío jurídico monumental” porque hay omisión de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Alertó que sería preocupante para la sociedad en general, que la ex fiscal recurra a los tribunales y suceda lo que ocurre en otros estados como Morelos, en donde hay un largo litigio por el cual los tribunales reinstalaron al fiscal Uriel Carmona, a pesar de graves señalamientos en su contra, “eso sería lo peor que pudiera pasarle al estado de Guerrero”.

Por estar chuecas y desfasadas las leyes en Guerrero, es prácticamente imposible sancionar a un mal servidor público, todo parece que están hechas a propósito las omisiones, para evitar que se sancione a un mal servidor público.