Urgen a reforzar la vigilancia y prohibición de vapeadores

*Para proteger a niñas, niños y adolescentes en guerrero

BOLETÍN/CONGRESO

CHILPANCINGO, GRO.

Con el propósito de cerrar la brecha entre la ley y la realidad, las comisiones unidas de Salud y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso del Estado presentaron un dictamen expuesto por la diputada Beatriz Vélez Núñez «Bety Vélez» mediante el cual se exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a reforzar de manera urgente la vigilancia y aplicación de la normatividad vigente que prohíbe la comercialización, distribución y uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores, priorizando la protección de los menores de edad.

Al fundamentar la propuesta ante el Pleno, la legisladora aclaró que no se busca crear una nueva regulación ni criminalizar a los jóvenes consumidores, sino hacer cumplir de manera efectiva el marco jurídico actual. Señaló que, a pesar de las restricciones legales ya vigentes en Guerrero, existe una preocupante proliferación y acceso libre de estos dispositivos en entornos escolares y espacios de convivencia juvenil, con especial incidencia en municipios como Chilpancingo y Acapulco.

El dictamen advierte sobre los severos riesgos a la salud asociados al consumo de nicotina y sustancias nocivas presentes en los vapeadores durante las etapas de desarrollo infantil y adolescente. En ese sentido, se subrayó la responsabilidad reforzada del Estado bajo el principio del interés superior de la niñez para actuar de forma preventiva antes de que el consumo derivado de estos productos se convierta en una adicción o en un problema de salud pública irreversible para las familias guerrerenses.

Vélez Núñez afirmó que la iniciativa plantea coordinar acciones concretas de inspección, prevención y protección sanitaria entre la Secretaría de Salud estatal, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Guerrero (COPRISEG), los ayuntamientos de la entidad y la Asamblea Comunitaria de Ayutla de los Libres, garantizando que las instituciones asuman la tarea de cortar el acceso de estos artefactos a la niñez antes de que su uso continúe normalizándose en la entidad. El dictamen se aprobó por unanimidad del pleno.