Cruz Fandango exige módulo de seguridad para frenar violencia

MARCIAL CAMPUZANO

CHILPANCINGO, GRO.

Habitantes de la comunidad de Cruz Fandango, municipio de Alcozauca, en la región de La Montaña de Guerrero, anunciaron que mantendrán el plantón que realizan en la Ciudad de México para solicitar la intervención del gobierno federal, luego de que no lograron acuerdos con autoridades estatales en una reunión en la que exigieron la instalación de un módulo permanente de seguridad para frenar la violencia derivada del conflicto que mantienen con habitantes de Cuyuxtláhuac.

Román González Castro, uno de los representantes de la comunidad, afirmó que la principal demanda presentada durante el encuentro fue el establecimiento de un módulo de seguridad en la localidad; sin embargo, aseguró que las autoridades estatales rechazaron la petición.

Indicó que en la reunión celebrada este viernes en el Palacio de Gobierno fueron atendidos por funcionarios de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría de Asuntos Agrarios, sin que hubiera una respuesta favorable.

El representante comunitario sostuvo que las autoridades les propusieron volver a dialogar con sus presuntos agresores, alternativa que rechazaron al considerar que ya existieron intentos previos sin resultados y que cualquier acercamiento representa un riesgo para los habitantes.

Recordaron que desde julio del año pasado han sido víctimas de ataques, incendios, saqueos y destrucción de viviendas e infraestructura pública, y que durante este año han sido incendiadas 10 casas y otras 10 fueron saqueadas, además de que anteriormente también fueron destruidas la comisaría, iglesias y escuelas de la localidad.

Acusaron que alrededor de 250 familias, integradas por más de 500 personas, han resultado afectadas por la violencia, la mayoría se encuentra desplazada, mientras que quienes permanecen en la comunidad viven con temor constante debido a las amenazas y agresiones que, aseguran, continúan registrándose.

Entre los casos más recientes mencionaron el de 2 matrimonios de adultos mayores: Fidel González Cervantes y Paulina Castro López, así como Amadeo Guadalupe Avilés y Aurelia Alatorre Vásquez, ambos de aproximadamente 80 años de edad, cuyas viviendas fueron incendiadas entre el 23 y el 24 de junio, perdiendo todas sus pertenencias.

Los inconformes también denunciaron que la inseguridad ha impedido que los campesinos trabajen sus tierras durante 2 ciclos agrícolas consecutivos, y que los niños dejaron de asistir a la escuela desde el inicio del conflicto, lo que ha agravado las condiciones de vida de las familias.

González Castro afirmó que el acuerdo firmado entre ambas comunidades en octubre del año pasado para detener la violencia no fue respetado, pues aseguró que pocos días después de la firma reiniciaron los ataques, con nuevas quemas y daños a viviendas. Además, señaló que solicitaron la presencia de la Fiscalía General del Estado en la reunión, pero sus representantes no acudieron.

Advirtieron que la ausencia de medidas de protección podría derivar en una escalada del conflicto, similar a la ocurrida en otras comunidades de la región.

Los representantes comunitarios informaron que regresarán al plantón que mantienen en la ciudad de México, donde permanecen alrededor de 30 personas, para continuar gestionando el apoyo de las autoridades federales.