Padres de Ayotzinapa piden frenar nueva Comisión para el Caso Iguala
*Los padres sostienen que la dispersión de recursos afectaría el esclarecimiento del caso
IVÁN EVAIR SALDAÑA
LA JORNADA/CDMX
Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocar la sentencia de un tribunal colegiado que ordenó crear la nueva Comisión de Investigación para la Verdad y Justicia del Caso Iguala, al considerar que carece de sustento jurídico, duplicaría las labores de instancias ya existentes, fragmentaría las investigaciones actuales y provocaría una dispersión de recursos institucionales.
Mediante un escrito de 11 cuartillas, fechado el pasado 24 de julio, solicitaron también que la Corte se pronuncie por ordenar a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de Gobernación (Segob) medidas que garanticen la certeza jurídica y el castigo a los responsables sin recurrir a estructuras administrativas paralelas que debiliten el proceso penal.
Los padres de los jóvenes acudieron al alto tribunal porque el pasado 7 de julio atrajo cuatro recursos de revisión extraordinaria mediante los cuales revisará, de manera excepcional, la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con residencia en Tamaulipas, que ordenó la creación de dicha comisión.
En el documento firmado por Felipe de la Cruz Sandoval, Socorro Villareal Moctezuma, Margarita Ramírez Rodríguez, Celso García Aristeo, Mario Micaela Fernandez y Hugo Mora Venancio, recordaron a la Corte que el caso ya es investigado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (COVAJ) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la FGR.
“La pretensión de erigir una nueva «Comisión de la Verdad» —impulsada originalmente por la polémica sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito— carece de procedencia técnico- jurídica. El presente análisis demuestra que la proliferación de instancias investigadoras paralelas no solo vulnera el principio de seguridad jurídica, sino que atomiza los recursos técnicos, degrada el material probatorio y debilita la capacidad punitiva del Estado frente a los perpetradores”, señala el documento.
También denuncian irregularidades en sentencias previas que permitieron la liberación de sospechosos mediante una aplicación incorrecta de criterios sobre tortura. Por ello, exigen el fortalecimiento de las unidades de investigación existentes bajo estrictos estándares científicos internacionales como el Protocolo de Estambul.
“Emitir lineamientos vinculantes dirigidos a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para fortalecer integralmente a la UEILCA y a la COVAJ, respectivamente, obligando a la la práctica expedita de actuaciones o diligencias ministeriales, así como a la obtención de una verdad científica libre de vicios procesales”, concluyen.
