Endurecen marco legal contra matrimonios forzados

*Sin que haya aún procesos penales contra padres de familia en La Montaña
ROSARIO GARCÍA OROZCO
SNI/CHILPANCINGO, GRO.
A pesar del fortalecimiento del marco jurídico para castigar la cohabitación temprana y los matrimonios forzados de menores en Guerrero, hasta el momento no existe ningún padre de familia procesado penalmente por estos hechos en la región indígena de La Montaña, informó Abel Bruno Arriaga, secretario para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos del estado.
El funcionario explicó que, aunque estas prácticas han sido justificadas históricamente como parte de los llamados “usos y costumbres”, las recientes reformas al Código Penal y al artículo 2 de la Constitución federal establecen sanciones claras para quienes promuevan, gestionen o participen en este tipo de uniones, incluyendo a intermediarios conocidos como “pedidores” o “embajadores”.
Bruno Arriaga subrayó que la ausencia de procesos penales no implica impunidad, ya que la legislación vigente contempla castigos para todos los involucrados y permite actuar de oficio cuando se detectan casos. En ese sentido, recalcó que la erradicación de estas prácticas requiere un trabajo permanente de coordinación y capacitación con las autoridades comunitarias.
Detalló que, además de los gobiernos locales y tradicionales, en estas acciones participan instituciones educativas y las propias familias, mediante procesos de sensibilización enfocados en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
El funcionario estatal destacó que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la Policía Comunitaria han actualizado su reglamento interno para sancionar estos casos, los cuales calificó como “aislados”, pero que son atendidos de manera inmediata.
Indicó que durante el año pasado se documentaron al menos dos casos en los 42 municipios de Guerrero donde operan sistemas comunitarios, mismos que fueron intervenidos por autoridades estatales. Añadió que la dependencia a su cargo ha reforzado las acciones preventivas y de atención en los municipios de La Montaña, con el objetivo de erradicar definitivamente la cohabitación y los matrimonios forzados en la región.
