Analiza Congreso comparecencia del fiscal por casos de alto impacto
MARCIAL CAMPUZANO
CHILPANCINGO, GRO.
El Congreso del estado analiza la posibilidad de llamar a comparecer al fiscal general del estado, Zipacná Jesús Torres Ojeda, para que informe sobre el avance de las investigaciones en torno a los casos de alto impacto registrados recientemente en la entidad, entre ellos el asesinato del sacerdote que pertenecía a la diócesis Chilpancingo-Chilapa y el homicidio del exdiputado Alejandro Arcos Catalán.
Así lo confirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Jesús Urióstegui García, quien destacó además que el Congreso también trabaja en una reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para tipificar como falta administrativa grave la omisión de los ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados en la entrega de las cuotas y aportaciones patronales al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG).
El legislador adelantó que el tema será abordado en las próximas reuniones de trabajo con las distintas fracciones parlamentarias. Subrayó que el Congreso mantiene una postura de apertura al diálogo con todos los grupos parlamentarios, pero reconoció que la Fiscalía debe rendir cuentas claras sobre los avances de las investigaciones que han generado preocupación social y reclamos de justicia.
Sin duda, es un tema donde la Fiscalía tiene que dar cuenta. Hay una responsabilidad para la que fue electo el titular, y en ese sentido es necesario que se aclare y haya resultados, expresó Urióstegui García.
El presidente de la Jucopo manifestó su solidaridad con la Iglesia católica tras el asesinato del sacerdote, Bertoldo Pantaleón Estrada, y afirmó que se trata de un asunto que requiere coordinación y transparencia en las investigaciones por parte de la autoridad ministerial.
“Reiteramos toda nuestra solidaridad a la diócesis de Chilpancingo-Chilapa y al gremio católico. Exigimos justicia y que la Fiscalía General del Estado dé resultados”, dijo.
Sobre el primer aniversario luctuoso del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, el legislador recordó que existe al menos una detención relacionada con el caso, pero insistió en que las investigaciones deben aclararse completamente para evitar la impunidad.
En otro tema, Urióstegui García informó que el Congreso del estado también trabaja en una reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para tipificar como falta administrativa grave la omisión de los ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados en la entrega de las cuotas y aportaciones patronales al ISSSPEG.
Explicó que la iniciativa busca sancionar a los funcionarios municipales que, pese a descontar las cuotas a los trabajadores, no las transfieren al Instituto de Seguridad Social, afectando el pago de pensiones y jubilaciones.
El artículo 64 de la Ley de Responsabilidades será reformado para calificar como una omisión grave el no entregar las aportaciones. No alcanzaría sanciones penales, pero sí administrativas, que podrían llegar incluso a la inhabilitación.
Detalló que el adeudo histórico de los municipios y organismos descentralizados con el ISSSPEG supera los 1,000 millones de pesos, producto de la falta de cumplimiento durante varias administraciones municipales.
Urióstegui García señaló que el Congreso mantiene comunicación con representantes de los jubilados y pensionados, a quienes garantizó respaldo institucional y transparencia en la elaboración del nuevo mecanismo de retención de recursos para cubrir los adeudos.
Adelantó que la reforma podría presentarse antes de que concluya el año, una vez que se alcance consenso al interior de la Junta de Coordinación Política, con el objetivo de asegurar que los trabajadores retirados reciban puntualmente el pago de sus pensiones y prestaciones.
