El Poder Legislativo escucha y decide en base al mérito: Urióstegui
MARCIAL CAMPUZANO
CHILPANCINGO, GRO.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del estado, Jesús Urióstegui García, insistió en que no debe ser politizada la rendición de cuentas y la transparencia de los 898 millones de pesos que la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López, habría invertido en obra pública en el año 2023, ni hacer juicios a priori en torno al destino que tuvo la referida inversión pública.
El también coordinador de los diputados de Morena en el Congreso local, recordó que ante la postura que asumieron las partes en pugna, el controvertido tema llegó hasta el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía General del Estado, instancias que en su momento determinarán lo que corresponda.
Lo cierto, dijo, es que todos los servidores públicos que manejan recursos públicos están obligados a comprobarlos, a rendir cuentas y transparentarlos ante los órganos de fiscalización ya sea federal y estatal.
Insistió en que el Congreso del estado no influye en el trabajo técnico que realiza el órgano fiscalizador del Congreso del estado. Recordó que lo único que la Auditoría Superior del Estado quiere, es que el ayuntamiento de Acapulco presente los documentos con los cuales compruebe los 898 millones de pesos que aplicó en 2023 en obra pública.
Si la presidenta municipal dice que el dinero fue aplicado y comprobado, lo que se quiere es que lo demuestre con los documentos correspondientes, indicó el presidente de la Jucopo.
La rendición de cuentas y la transparencia son aspectos técnicos que administrativamente maneja la Auditoría, no son temas políticos, por lo que pidió a los entes involucrados a que no lo politicen.
En otro tema el líder de los diputados de Morena del Congreso local, informó que en los próximos días los diputados que integran la Junta de Coordinación Política seleccionarán a 3 de los 17 aspirantes a presidir la Comisión de Derechos Humanos del estado, para que sean puestos a consideración del pleno de diputados para elegir a quien consideren el mejor.
De acuerdo a la ley, el próximo presidente o presidenta de la Comisión de Derechos Humanos deberá contar con el respaldo de las 2 terceras partes de los diputados para que surta validez la mayoría calificada.
Resaltó que la etapa de comparecencias de los 17 aspirantes fue pública, plural y abierta, “lo que demuestra un compromiso real con la rendición de cuentas y la participación democrática. Este ejercicio fortalece la legitimidad del Congreso como institución representativa y garante de procesos abiertos”, agregó.
El presidente de la Jucopo manifestó que hay en Guerrero un Poder Legislativo que escucha, compara y decide con base en el mérito. “Ponderar el hecho de que se entrevistaron a 17 perfiles diversos, refleja una actitud incluyente y un enfoque técnico y profesional por parte del Poder Legislativo”.
Urióstegui García expuso que el Congreso está cumpliendo con responsabilidad su papel en la renovación de un organismo clave para la defensa de los derechos fundamentales en Guerrero.
