Tlachinollan atendió 35 casos de venta de niñas durante 2023

* En lo que va de 2024 ha registrado otros tres casos

* Práctica persiste, pese a talleres impartidos por el gobierno de Guerrero

ERÉNDIRA AQUINO /
ANIMAL POLÍTICO
CHILPANCINGO, GRO.

La venta de niñas continúa ocurriendo en La Montaña de Guerrero, pese a que las autoridades estatales han impartido pláticas de sensibilización en las comunidades de la región para tratar de convencer a los pobladores de no continuar con esta práctica.

En 2023, Tlachinollan acompañó legalmente a 35 niñas víctimas y en lo que va de 2024 ha registrado otros tres casos en los que las menores son obligadas a unirse en matrimonio porque se ha pagado dinero a su familia, señaló en entrevista Neil Arias, abogada de la asociación.

“La gobernadora Evelyn Salgado anunció públicamente a finales de 2021 que iba a trabajar en una estrategia para erradicar los matrimonios forzados o uniones tempranas, pero hoy en día seguimos viendo que estas prácticas se siguen dando, y desafortunadamente a raíz de que esto casos se visibilizaron, las comunidades las hacen de manera más clandestina”, comentó Arias.

A ello se suma que, de acuerdo con Tlachinollan, los protocolos de atención para las menores de edad que huyen de sus comunidades y denuncian ser víctimas de uniones forzadas son insuficientes y las deja “en estado de indefensión” porque no contempla acciones de seguimiento.

Sobre el tema, la secretaria de la Mujer en Guerrero, Violeta Pino, aseguró que diversas dependencias del gobierno trabajan en la atención de la violencia contra las niñas, e incluso han conseguido legislar que se castigue a quienes continúan con estas prácticas, aunque reconoció que persiste la resistencia por parte de algunos habitantes de las comunidades.

Venta de niñas: Entre la resistencia

al cambio y los cambios legislativos

Para Tlachinollan, las acciones de sensibilización emprendidas por la Secretaría de la Mujer no han logrado resolver el problema, porque “solamente se dan los talleres en las comunidades que los aceptan, y cuando así ocurre no van los hombres, que son quienes necesitan aprender sobre masculinidades y violencia de género, sino que mandan a las mujeres”.

“Lo que ellas comparten es que les gustaría que sus maridos escucharan estas pláticas, porque son ellos quienes toman las decisiones de vender a las hijas y quienes formalizan las uniones, porque ellas como mujeres no tienen derecho a tener voz”, expuso la abogada Arias.

Sin embargo, la secretaria de la Mujer explicó que para las autoridades del estado es importante que la prevención de los matrimonios y uniones forzadas se realice en acuerdo y con la colaboración de las comunidades, lo que implica “escucharlos y caminar juntos con los pueblos, porque el gobierno no quiere llegar a imponer”.

Pino indicó que, hasta ahora, se han realizado más de 100 actividades coordinadas por diversas dependencias de Guerrero, que han sido acompañadas por el acercamiento de servicios de salud y facilidades en trámites del registro civil, “y con ello aprovechamos para platicar con las comunidades sobre la violencia, los derechos de las niñas y los niños y cómo juntos tenemos que erradicar estas prácticas que obstruyen su desarrollo”.

A pesar de que aún existen casos de uniones forzadas a cambio de dinero, la secretaria de la Mujer comentó que han habido cambios positivos, como la reforma al Código Penal del estado de Guerrero para incluir la prohibición de los matrimonios de menores de edad, y el trabajo que realizan en colaboración con policías comunitarias para que se actúe en este tipo de casos.

Aunque hasta ahora no hay información sobre denuncias que se hayan atendido a través de estos medios, Pino aseguró que continuarán trabajando en la difusión de estos mecanismos para que las personas que habitan en las comunidades donde ocurren estas uniones sepan que pueden recurrir a las autoridades.

Protocolos de atención “dejan

a su suerte” a las víctimas

De acuerdo con Violeta Pino, en los casos en los que las víctimas escapan de las comunidades para pedir ayuda de las autoridades, el gobierno ha implementado acciones de resguardo de las menores de edad en centros del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Guerrero, y posteriormente se busca que puedan reintegrarse con integrantes de su familia que puedan cuidar de ellas.

“Son pocos los casos en los que las jovencitas huyen de sus comunidades para pedir apoyo, pero seguimos conociendo de algunos, y cuando lo han solicitado se les ha protegido desde las instituciones o desde alguna red de familiares que tengan en otro lado”, afirmó.

Sin embargo, Tlachinollan consideró que estas medidas “dejan abandonadas a su suerte” a las menores de edad que se acercan a las autoridades para pedir su apoyo, ya que cuando se encuentran institucionalizadas las tienen encerradas, a veces se enfrentan a la falta de personal que hable sus lenguas y una vez que llegan a ser reintegradas con familiares no hay acciones de seguimiento ni apoyo para que consigan ingresos que les permitan mantenerse.

“Son niñas que desafortunadamente no tienen un ingreso propio, y cuando salen hemos corroborado que piden apoyo para conseguir productos de higiene personal, despensas, porque las dejan completamente en el olvido”, señaló la abogada Arias.

Con todo y los cambios que se han promovido por parte de las autoridades del estado, la defensora remarcó que falta voluntad política por parte del gobierno del estado y de las comunidades para erradicar esta violencia que continúa afectando a las niñas y mujeres.