Celdas de lujo del penal de San Miguel generaban ganancias de 3 millones semanales
*La SSP informó que concluyó la demolición del llamado “pueblito”, que fue construido ilegalmente adentro del reclusorio
*Había además restaurantes, farmacias, tiendas de abarrotes, locales de venta de ropa y zapatos, baños, ferretería, corte de cabello y gimnasios
*Se rentaban en 2,500 pesos por noche. Era negocio de los secretarios de seguridad
GABRIELA HERNÁNDEZ
PUEBLA, PUE. (APRO)
La Secretaría de Seguridad de Puebla reconoció que la operación de 104 espacios, tipo departamentos que operaron en el penal de San Miguel, generaron ganancias estimadas en al menos 3 millones de pesos semanales en los últimos años.
En un comunicado, la SSP informó que en estos días se concluyó la demolición del llamado “pueblito”, que fue construido ilegalmente adentro del reclusorio y en el cual había además restaurantes, farmacias, tiendas de abarrotes, locales de venta de ropa y zapatos, baños, ferretería e incluso corte de cabello, así como dos quioscos y dos gimnasios.
De manera tácita, el gobernador Miguel Barbosa Huerta ha reconocido que esta área de privilegio funcionó en al menos la mitad de su administración –la cual es de cinco años- pues argumentó que sus anteriores secretarios de seguridad lo engañaron al asegurarle que la habían destruido y nunca lo hicieron.
Daniel Cruz Luna, actual titular de la SSP, aseguró que a partir de enero, cuando él fue nombrado al frente de la dependencia, esa área fue desalojada, con lo que reconoció que en al menos dos años y medio de la actual administración las personas privadas de su libertad (PPL), que pudieron pagar, disfrutaron de esa área.
La SSP precisó que todo el proceso de demolición acabó hasta este 13 de julio, lo cual fue registrado por una notaría pública.
Hasta ahora el gobierno de Puebla no ha informado sobre si inició acciones legales contra los anteriores titulares de Seguridad del Estado, entre ellos Raciel López y Rogelio López Maya, por el negocio que implicó este “pueblito”.
Antecedentes
Aunque ya el 14 de junio de 2021, Barbosa dio por hecho que “el pueblito” había sido destruida, hace dos semanas reconoció en su rueda de prensa que sus excolaboradores le habían mentido y que aún habían quedado cuartos en operación que apenas se terminaron de derribar.
“Concluyó por fin la destrucción del Pueblito, donde me han ido cambiando las cifras, donde resulta que había más de 100 cuartos, departamentos, gimnasios, todos esos que se fueron construyendo adentro del reclusorio de San Miguel, como espacios de privilegio, prostitución y venta de droga.
“Y que todos los que han sido secretarios de Seguridad Pública me desobedecieron, me engañaron, porque yo los instruí a la destrucción y todos dijeron que ya estaban destruidos, que ya lo habían hecho, pero no lo habían hecho», declaró el mandatario.
“Eso lo hizo: los tres, ya para qué digo los nombres, unos más aberrantes que otros, pero los tres vinculados a los beneficios de la existencia de esas construcciones. Unos que están llegando detenidos, dicen: ¿y dónde está mi suite? Pues ya ayer en la noche terminaron”, expresó el mandatario.
Hace un año, Barbosa reconoció que fueron “los chiapanecos”, como se conoció al grupo de colaboradores que incorporó a su gabinete, encabezados por Raciel López, quien fue secretario de Seguridad del 28 de febrero de 2020 al 9 de abril de 2021, los que construyeron esos cuartos con privilegios que rentaban a dos mil 500 pesos por noche para que ingresaran prostitutas.
“Ya hay una investigación, ese pueblito ya se derrumbó, piedra por piedra, eran construcciones formales, de tabique, techo y demás, tenían todo, televisión, camas, todo, a ese nivel llegaron, pero ya se derrumbó completito”, dijo hace un año el gobernador.
El primer secretario de Seguridad de la administración barbosista fue Miguel Idelfonso Amézaga Ramírez. Y después de Raciel López llegó a la dependencia Rogelio López Maya, quien fue destituido el 24 de enero de este año, luego del caso del cadáver del bebé Tadeo, que fue introducido al penal de San Miguel y después abandonado en un basurero.
Desde ese día fue nombrado Daniel Iván Cruz Luna, quien igual ha rendido informes falsos, como ocurrió el 10 de mayo de este año, cuando aseguró en rueda de prensa que policías estatales habían repelido el ataque de un grupo armado en Zoquitlán, sin que se registraran muertos.
Días después, el gobernador tuvo que reconocer que en esos hechos habían muerto tres habitantes de Coyomeapan, entre ellos un menor de edad, y luego informó sobre la detención de nuevo policías estatales como responsables de esta agresión contra civiles desarmados.
A cinco meses de que Cruz Luna asumió como secretario de Seguridad, Barbosa reconoció que apenas esta semana se acabaron de destruir las celdas con privilegios que seguían operando en el interior del penal de San Miguel.
Incluso indicó que se certificó con notario público antes de iniciar, y lo mismo se hará cuando concluya la destrucción de los cuartos de lujo, y adelantó que en ese espacio se construirán nuevos espacios penitenciarios.
También, habrá que recordar que el mandatario aceptó que los funcionarios chiapanecos que él contrató desconfiguraron los identificadores biométricos de las cámaras de seguridad que había adquirido su gobierno para mejorar la seguridad de los reclusorios.
Igual, en otro momento aceptó que Guillermo Aréchiga, a quien al inicio de su gobierno nombró como Secretario de Transporte, cometió actos de corrupción que derivaron en el fracaso de la modernización del transporte público, que fue uno de los argumentos para incrementar el precio de la tarifa para pasajeros cuando arrancaba su administración.
Aréchiga fue detenido el 1 de marzo de este año acusado de entregar concesiones ilegales de transporte y de haber cometido irregularidades con la venta de equipo de seguridad a las unidades.
En tanto que contra los exsecretarios Raciel López y Rogelio López Maya, hasta ahora no se sabe que haya alguna investigación por los supuestos actos de corrupción que ha señalado Barbosa.
