Víctimas piden desarmar a Policía Comunitaria en Chilapa

  • El 8 de febrero del 2015, policías de la CRAC-PF -según los afectados-, arribaron a la comisaría de San Jerónimo Palantla y dispararon contra los presentes; el saldo fue de cinco personas muertas.

ALEJANDRO ORTIZ/BP
CHILPANCINGO, GRO.

Presuntas víctimas de la violencia generada por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), pidieron el desarme de los grupos comunitarios que operan en Chilapa y llamaron a que el gobierno también los voltee a ver a ellos.

En conferencia de prensa en Chilpancingo, pobladores de San Jerónimo Palantla, quienes desde el 2014 mantienen una disputa con la localidad vecina e Rincón de Chautla, ambos en el municipio e Chilapa, denunciaron que 12 familias fueron desplazadas por la CRAC desde el pasado mes de julio.

El pasado 8 de febrero del 2015, policías de la CRAC-PF -según los afectados-, arribaron a la comisaría de San Jerónimo Palantla y dispararon contra los presentes; el saldo fue de cinco personas muertas.

“Queremos el desarme de todos esos grupos armados, que se disfrazan de policías comunitarios; pedimos también al gobierno estatal le pedimos que nos dé seguridad a nosotros y no solo al grupo que anda bloqueando carreteras y armando niños”, señaló Constantino Calvario Merino, comandante municipal de San Jerónimo Palantla.

De acuerdo con los pobladores de San Jerónimo, la acción delictiva de la CRAC se dio porque el pueblo rechazó formar parte de la CRAC-PF. Cabe destacar que desde entonces se han registrado enfrentamientos y asesinatos entre esos pueblos.

Según los afectados, el 12 de julio del año pasado, un día después de otro ataque de la CRAC-PF, pobladores de Xochitempa bajaron a San Jerónimo Palantla para acudir a una reunión, sin embargo al regresar la policía comunitaria no los dejó entrar a sus hogares.

“Son 12 familias que desde entonces se encuentran refugiadas en San Jerónimo, entre ellas hay 24 niños”, reclamó Constantino Calvario.

Finalmente lamentó que el gobierno de Héctor Astudillo, únicamente se encuentre apoyando a uno de los grupos –acusados de la violencia en la zona-, y no se atienda a todas las víctimas, como el caso de Xochitempa y Rincón de Chautla.