Algunos paristas ya tienen demandas laborales contra el Tecnológico

MIGUEL ÁNGEL SANTOS
OMETEPEC, GRO.

Parte del personal docente y administrativo que tiene tomadas las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de la Costa Chica, ya han iniciado demandas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Entre ellos están las trabajadoras administrativas Edith Solano Ruiz, María del Rocío Polanco Rodríguez y el docente Simón López Cruz; otros tienen iniciadas carpetas de investigación por participación en tomas de las instalaciones en años anteriores, como el profesor Isidro Solano Cortés.

Este movimiento ha evidenciado situaciones internas del Instituto Tecnológico, señalando actos de corrupción, tráfico de calificaciones y acoso sexual.

Muchos maestros imparten clases en diferentes instituciones, como es el caso de Eloy Jiménez Molina, quien es profesor de tiempo completo en la Preparatoria Número 5 de la UAGro, con 40 horas a la semana, además de las 30 horas que dispone en el Instituto; de igual manera, Simón López Cruz, docente que labora en el Conalep y en el Tecnológico, además tiene demandado al Tecnológico ante la Junta de Conciliación y Arbitraje desde el 2015.

Edith Solano Ruiz, quien tiene clave de secretaria, y actualmente se desempeña como bibliotecaria, estuvo como subdirectora de Planeación durante más de 3 años, se desconoce las causas que motivaron su reubicación, actualmente ha iniciado un juicio laboral ante la Junta de Conciliación y Arbitraje en contra del Instituto.

En cambio, María del Rocío Polanco Rodríguez desempeña el puesto de secretaria B, pero este espacio laboral no tiene el reconocimiento del Tecnológico Nacional de México (TecNM), por lo que se tuvo que regularizar su clave, pero no aceptó el cambio y prefirió entablar una demanda laboral en contra del Instituto, toda esta información está en la página de Transparencia.

Se menciona que dentro de la institución, los alumnos son presa de la voracidad de los maestros, quienes los reprueban a propósito, con la finalidad de que tomen cursos de recuperación, el cual deben pagar directamente al docente.

En otros casos los engañan que van a recibir un curso, cuyo costo es de mil 500 pesos, pero nunca llegan a recibirlo, pero tampoco les devuelven su dinero. Hay más anomalías, pero los alumnos prefieren mantenerse en el anonimato por temor a represalias.