Urge reactivar el programa “Mochila Segura” para evitar tragedias

MARCIAL CAMPUZANO

CHILPANCINGO, GRO.

La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del estado, Pilar Vadillo Ruiz, se pronunció a favor de reactivar el programa “Mochila Segura” en Guerrero, ante recientes amenazas de posibles tiroteos en instituciones educativas y hechos de violencia registrados en otras entidades del país.

La legisladora consideró necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise el criterio mediante el cual se declaró inconstitucional dicho programa, bajo el argumento de que vulnera los derechos de niñas, niños y adolescentes. Afirmó que debe ponderarse el derecho a la privacidad frente al riesgo de que se consumen actos delictivos dentro de los planteles.

En entrevista, señaló que recientemente se han presentado al menos 2 amenazas en menos de 24 horas en escuelas del estado, mismas que fueron calificadas por autoridades como “bromas de mal gusto”, pero que, advirtió, no deben minimizarse.

Vadillo Ruiz sostuvo que, desde la Comisión de Seguridad Pública, ya se ha abordado el tema y existe un dictamen relacionado con la presencia de cuerpos policíacos en las inmediaciones de los planteles, particularmente en horarios de entrada y salida, como medida preventiva.

También se ha discutido la necesidad de sancionar las falsas llamadas al 911, ya que en algunos casos podrían ser utilizadas por grupos delictivos para distraer a las corporaciones de seguridad mientras cometen ilícitos en otros puntos.

La diputada señaló que hechos violentos ocurridos en otras entidades pueden influir negativamente a través de redes sociales, al convertirse en ejemplos que algunos jóvenes podrían intentar imitar, por lo que consideró urgente reforzar medidas de prevención en Guerrero.

Afirmó estar convencida de que el programa “Mochila Segura” debe reanudarse, aun cuando exista oposición de algunos padres de familia que consideran que se invade la privacidad de sus hijos. “Se vulneran los derechos de manera mucho más terrible cuando se consuman actos delictivos”, expresó.

Respecto a la posibilidad de modificar el criterio judicial que impide la aplicación del programa, la legisladora respondió que sí es necesario revisarlo, al considerar que la seguridad de la comunidad escolar debe ser prioritaria.

En materia de rendición de cuentas, informó que la fracción parlamentaria del PRI analiza solicitar la comparecencia del fiscal general del estado, Zipacná Jesús Torres Ojeda, para que informe sobre el avance en investigaciones de delitos y la situación que guarda la seguridad en la entidad.

Sobre las comparecencias en materia de seguridad pública, defendió que estas se realicen a puerta cerrada debido a la naturaleza sensible de la información, ya que su difusión podría entorpecer las estrategias o ser utilizada de manera indebida.

En cuanto a la problemática de desapariciones, recordó que en Guerrero se reportan miles de casos y señaló que, más allá de operativos específicos, es necesario revisar y ajustar la estrategia de seguridad, pues consideró que la actual presenta deficiencias.

Reconoció acciones del gobierno estatal como la entrega de equipo táctico, patrullas y mejoras en condiciones laborales de policías; sin embargo, insistió en que se debe evaluar si la estrategia implementada es la adecuada para Guerrero y, en su caso, adoptar medidas distintas que permitan contener la violencia y fortalecer la prevención desde las escuelas y las familias.