Solicita Cayetano a CNDH y CDHEG impugnar reforma judicial en Guerrero
*El abogado Rubén Cayetano García denunció que la modificación a la Constitución estatal contraviene la Carta Magna y vulnera la voluntad popular
*Pidió la presentación de una acción de inconstitucionalidad antes del 25 de septiembre
FERNANDO FOSTER
REPORTE GUERRERO
El abogado y exlegislador de Morena, Rubén Cayetano García ofreció una conferencia de prensa en la que informó haber solicitado la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) para impugnar la reciente reforma judicial aprobada en la entidad.
Según explicó, la modificación a la Constitución local impulsada por la gobernadora, el Tribunal Superior de Justicia y la LXIV Legislatura del Congreso de Guerrero no armoniza con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En particular, sostuvo que la reforma contradice el principio de que la presidencia de los tribunales superiores de justicia y de disciplina judicial debe definirse por voto popular, como lo establece la reforma federal publicada el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación.
“El 7º transitorio aprobado en Guerrero permite que sean los propios integrantes de los órganos judiciales quienes elijan a sus presidentes, lo cual suplantaría la voluntad de las y los guerrerenses”, señaló Cayetano.
El abogado agregó que la reforma local tampoco protege de manera clara los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial, aunque sí privilegia los haberes de retiro de magistradas, magistrados, juezas y jueces.
Recordó que el plazo para presentar una acción de inconstitucionalidad vence el próximo 25 de septiembre de 2025, conforme al artículo 105 de la Constitución Federal. Por ello, reiteró su petición a los organismos de derechos humanos para que actúen en defensa de la legalidad, la democracia y el pacto federal.
“Es inadmisible cualquier intento de romper con el pacto federal y de vulnerar la voluntad popular. La Suprema Corte debe ordenar la adecuación del texto local a la Constitución de la República”, concluyó.
