Última llamada para Abelina: entrega cuentas o será denunciada

*El Ayuntamiento de Acapulco debe comprobar 898 millones de pesos de 2023 a la ASE. Anoche se venció el plazo para hacerlo

*El expediente será enviado a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Superior de Justicia Administrativa

*Abelina insiste en enviar su documentación a la Federación, y además denuncia persecución y abuso por parte de la ASE

ROSARIO GARCÍA OROZCO
SNI/CHILPANCINGO,GRO.

Si el ayuntamiento de Acapulco, que preside Abelina López Rodríguez, no envía la comprobación de 898 millones de pesos del ejercicio fiscal 2023, la Auditoría Superior del Estado (ASE) turnará el expediente técnico de la cuenta pública a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal de Justicia Administrativa.

Así lo confirmó el auditor Superior del Estado, Marco César Paris Peralta Hidalgo, quien señaló que de acuerdo al artículo 53 de la Constitución Política del Estado Libre y con el convenio de colaboración con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano estatal sí tiene facultades para auditar los recursos públicos a los ayuntamientos.

Lo anterior luego de que la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, declaró que con base en la opinión de la ASF, la Ley de Fiscalización no la obliga a rendirle cuentas a la auditoría estatal, por lo que su documentación la hará llegar únicamente a la Federación, y además denunció persecución y abuso de autoridad en su contra por parte de la ASE.

Por esa razón Peralta Hidalgo insistió en que en esos temas no puede haber confusión porque el artículo 53 de la Constitución Política del Estado deja claro cuáles son las atribuciones de esa órgano fiscalizador.

Recordó también que los 84 municipios restantes del estado han cumplido a cabalidad con la entrega de sus documentos, «menos Acapulco» y agregó que tanto el Poder Ejecutivo como los 169 entes públicos restantes ya hicieron entrega de sus cuentas publicas.

Comentó también que a las 23:59 horas de este miércoles se vence el plazo para que la alcaldesa cumpla con la entrega de su cuenta pública, y para conminarla a hacerlo, le enviaron tres notificaciones legales, de tal manera que si insiste en no acatar esa instrucción, el expediente técnico de Acapulco será turnado a la FGE y al Tribunal de Justicia Administrativa.

Asunto de

tribunales

Indicó que Acapulco es un caso de excepción, al no permitir la alcaldesa que dichos fondos sean auditados bajo el argumento de que la Auditoría Superior del Estado no tiene facultades para hacerlo.

Acapulco al igual que todos los entes fiscalizables, tiene la obligación de rendir cuentas, dijo el auditor. Además, aclaró que el Tribunal de Justicia Administrativa le dio la razón, al resolver que la Auditoría Superior del Estado sí tiene facultades para fiscalizar recursos federales, por lo que de nuevamente notificó a la alcaldesa que debe entregar documentación para comprobar 898 millones de pesos que empleó para obra pública en 2023.

Peralta Hidalgo aclaró que nadie está señalando que ese dinero fue robado, lo único que se pretende es que la autoridad municipal de Acapulco presente los documentos para comprobar que efectivamente el dinero fue aplicado, pero a la fecha no ha entregado un solo documento siquiera para comprobar la construcción de una banqueta. “Es decir, no tenemos información absolutamente de nada, ni de una banqueta”, indicó.

El artículo 153 de la Constitución Política del estado faculta a la ASE para auditar los recursos federales, “es decir, nosotros auditamos cuenta pública, no nos salimos de ese marco normativo, y la cuenta pública son todos los ingresos propios, estatales y federales, los entes no entregan la cuenta pública para colgarla como adorno, se tiene que revisar para decirle al pueblo de Guerrero en qué se gasta cada uno de los pesos que llegan al estado”, indicó el auditor.

Explicó que hay tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han fallado a favor de Auditorías de otras entidades en controversias como la que hay con Acapulco.

Una vez que los recursos federales son entregados a las autoridades locales, su ejercicio, supervisión, fiscalización y en su caso fincamiento de responsabilidades es de competencia exclusiva de las autoridades locales, que es el caso de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, explicó.

Peralta Hidalgo informó que, al negarse la presidenta municipal de Acapulco a entregar documentación probatoria de los 898 millones de pesos, la Auditoría dará parte a las autoridades jurisdiccionales para que se siga el proceso, “y que ahí decidan la competencia de este tema”. Se dará parte también a la Fiscalía General del Estado.

Sostuvo que “la Auditoría no fiscaliza por consigna, no hacemos trabajo sucio, pueden revisar los procesos que tenemos que se llevan a cabo conforme a las normas establecidas, a normas internacionales de auditoría, además la ASE está certificada en muchos procesos”, dijo Peralta Hidalgo.

Dio a conocer que en el país son 11 las Auditorías del mismo número de estados, entre estos Guerrero, que firmaron convenios de colaboración con la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar recursos federales. Dijo que el caso de Acapulco se definirá en los tribunales.

Dio a conocer que en la cuenta pública de 2023, el ayuntamiento de Acapulco sólo refiere un gasto de 898 millones de pesos para obra pública sin documentos que lo comprueben, y para hacer una auditoría se requiere de documentación específica que incluya expedientes técnicos de las obras, la ubicación de las obras, pero no hay información “ni de una banqueta”.

El auditor señaló que los 159 entes fiscalizables del estado, con excepción de Acapulco, entregan la información requerida para ser auditados, “con ninguno hay problemas”, salvo Acapulco que no quiere auditorías, por eso ese asunto será resuelto por los tribunales.

Peralta Hidalgo informó que no hay un pleito personal con la presidenta municipal de Acapulco ni tampoco persecución; sólo se trata de cumplir con la fiscalización de los recursos que la comuna ejerce. Advirtió que la no rendición de cuentas constituye un delito.