Evelyn se reúne con la familia de Marco Antonio Suástegui
*La jefa del Ejecutivo se comprometió a solicitar que la Fiscalía General del Estado acelere las investigaciones.
* Los familiares del dirigente del CECOP pidieron que se rompa cualquier “pacto de impunidad”
YASMÍN GARCÍA/SNI
CHILPANCINGO, GRO.
La viuda y tres hijos de Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (CECOP) se reunieron con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien se comprometió a solicitar a la Fiscalia General del Estado (FGE) que haya mayor celeridad en los trabajos de investigación sobre el crimen, cometido en el puerto de Acapuco.
El lunes después de mediodía, la gobernadora Salgado Pineda recibió en la residencia oficial a la viuda, sus tres hijos y el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM), Abel Barrera Hernández.
Al termino de la reunión, el antropólogo Barrera Hernández informó que la principal petición de la familia, es que se garantice una investigación exhaustiva, que se esclarezca el móvil del atentado y se localice a los responsables para que haya justicia.
De esa manera, dijo que se comenzará a romper el pacto de impunidad que existe a favor de los perpetradores, cada que un defensor es asesinado.
«Aqui el tema de justicia, es lo que más preocupa a la familia por lo que representa Marco y porque fue un defensor de derechos humanos, es alguien que estuvo amenazado y sufrió tantos momentos de riesgo en Cacahuatepec y en playa Icacos», representante del CDHM.
La familia de Suástegui Muñoz dijo a la mandataria estatal que se sienten en un situación de indefensión.
Entre los compromisos iniciales, se encuentra el acto de revisar las medidas con las que se cuentan, a partir del Mecanismo de Protección de Personas Defensores de Derechos Humanos, implementado por el gobierno federal.
«El gobierno del estado tiene que coordinadorse con el federal porque es una medida cautelar con el Estado Mexicano que tenía Marco, tenemos que ver que tipo de medidas son las que se asignaron», añadió Barrera.
En la reunión se planteó la posibilidad de considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso, aunque eso depende de como avancen las investigaciones en la fiscalía local.
«Apenas estamos en este proceso (de revisión) es una investigación que hay que trabajar más jurídicamente, para saber cuales son los fundamentos en términos jurídicos», indicó el defensor de derechos humanos.
