“¡Soy papá, no criminal!” Marchan padres y exigen ver a sus hijos
*Integrantes del movimiento pidieron al Tribunal Superior de Justicia revisar de manera individual los expedientes que, aseguran, han limitado la convivencia entre padres e hijos
*También demandaron investigar posibles actos de corrupción y tráfico de influencias
ALBERTO GÓMEZ
REPORTE GUERRERO
Al grito de “Soy papá, no criminal”, integrantes del movimiento Soy papá, no criminal Guerrero tomaron este miércoles las calles de Chilpancingo para exigir al Poder Judicial del Estado revisar de manera individual los casos en los que padres de familia aseguran haber perdido o limitado la convivencia con sus hijos.
La movilización comenzó alrededor de las 10:30 horas y fue encabezada por Luis Renato Cárdenas Hernández, representante estatal de la organización, quien señaló que actualmente tienen identificados 36 casos en Guerrero, principalmente en Acapulco, Iguala y Chilpancingo.
Los manifestantes sostienen que algunos padres han enfrentado procesos derivados de denuncias que consideran falsas o que, según su versión, no han sido acreditadas plenamente, por lo que exigieron que cada acusación sea sometida al debido proceso y valorada con base en las pruebas existentes.
Uno de los principales reclamos consiste en que las medidas de protección dictadas por las autoridades no impliquen automáticamente la ruptura de la convivencia entre padres e hijos cuando no exista un riesgo acreditado para los menores.
Cárdenas Hernández aclaró que el movimiento no pretende cuestionar ni desconocer las medidas de protección que sean necesarias cuando exista una situación de riesgo. Sin embargo, insistió en que estas deben establecerse de acuerdo con las circunstancias particulares y las pruebas de cada expediente.
Piden audiencia con el Poder Judicial
Durante la marcha, los integrantes del movimiento solicitaron una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Ricardo Salinas Sandoval, con la intención de entregar un pliego petitorio y documentación relacionada con los expedientes que consideran que deben ser revisados.
Entre sus demandas también se encuentra agilizar los procedimientos judiciales y revisar los señalamientos que integrantes del movimiento han realizado sobre posibles actos de corrupción o tráfico de influencias.
El representante estatal sostuvo que las resoluciones deben colocar en el centro el interés superior de niñas, niños y adolescentes, pero consideró que esto no debe significar que los padres sean privados de la convivencia con sus hijos sin que exista una justificación sustentada en las circunstancias y pruebas de cada caso.
Asimismo, rechazó que todos los integrantes del movimiento puedan ser señalados de manera general como hombres violentos o incumplidos con sus obligaciones alimentarias.
Reconoció que algunos participantes enfrentan acusaciones por presunta violencia familiar, pero enfatizó que dichas acusaciones deben ser acreditadas dentro de los procedimientos legales correspondientes.
Como parte de los requisitos para incorporarse al movimiento en Guerrero, explicó, los participantes deben presentar documentación para acreditar que no son deudores alimentarios.
La movilización concluyó con la exigencia de establecer un canal formal de diálogo con el Poder Judicial para revisar los 36 expedientes identificados por la organización y buscar soluciones que permitan garantizar la convivencia familiar sin poner en riesgo la seguridad y el bienestar de los menores.
Los manifestantes insistieron en que su demanda no es una resolución colectiva, sino que cada expediente sea analizado de manera particular, con apego al debido proceso y bajo el principio del interés superior de la niñez.
