KARLA GALARCE SOSA
QUADRATÍN GUERRERO
El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández informó que el gobierno federal indaga nexos del narcotráfico con policías y funerarias de Iguala en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y pidió profundizar las líneas de investigación.
En declaraciones, Barrera Hernández informó que durante la reunión del 27 de agosto entre madres y padres de los normalistas y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Fiscalía dio a conocer avances relacionados con integrantes de la familia Rueda, dueña de las funerarias donde presuntamente habrían sido incinerados los cuerpos de los normalistas, y nuevas revisiones de registros telefónicos.
Explicó que las investigaciones buscan profundizar los vínculos entre integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, policías y propietarios de funerarias, a partir de llamadas y testimonios recabados durante las indagatorias.
Señaló que existe información sobre teléfonos de estudiantes que habrían estado en manos de integrantes de esa familia y de policías, aunque advirtió que algunas hipótesis sobre el posible traslado de normalistas a funerarias todavía no han sido corroboradas.
El representante de Tlachinollan señaló además que la Presidenta se comprometió a que el informe que prepara la Secretaría de Gobernación sea presentado primero a las madres y padres de los estudiantes antes de hacerlo público, para evitar que conozcan nuevos datos de la investigación a través de los medios de comunicación.
Sobre los 853 folios que las familias han solicitado al Ejército, Barrera Hernández afirmó que el actual gobierno mantiene la postura de la administración anterior sobre que las fuerzas armadas ya entregaron toda la documentación disponible y que no existen más archivos pendientes.