AGENCIA IRZA
CHILPANCINGO, GRO.
Después de una de las jornadas de violencia más graves registradas este año en la Montaña Baja de Guerrero, la mayoría de las familias desplazadas de sus comunidades ya regresó a sus hogares y actualmente no se reportan nuevos éxodos, informó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación federal, Arturo Medina.
El funcionario federal afirmó que las autoridades mantienen presencia permanente en la región para garantizar las condiciones de seguridad que permitan a las familias permanecer en sus comunidades, luego de los ataques registrados durante mayo en el corredor Chilapa-Hueycantenango.
La escalada de violencia comenzó el 6 de mayo y se prolongó durante varios días, con ataques armados y agresiones mediante drones en comunidades nahuas como Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, en el municipio de Chilapa de Álvarez.
De acuerdo con reportes y testimonios de habitantes, durante los ataques fueron utilizadas armas largas, vehículos blindados, explosivos lanzados mediante drones y se registraron incendios de viviendas y zonas de vegetación.
El saldo reportado durante esos seis días de ataques, del 6 al 12 de mayo, fue de al menos tres personas muertas, seis heridas y 15 desaparecidas, además del desplazamiento de cientos de habitantes.
La magnitud del desplazamiento, sin embargo, presentó diferencias entre las cifras oficiales y las reportadas por organizaciones comunitarias. El Gobierno federal informó inicialmente de 96 personas desplazadas, mientras que organizaciones indígenas y medios locales documentaron cifras superiores a 800 personas, e incluso posteriormente se reportó que el número de desplazados podía superar el millar.
Alcozacán se convirtió en uno de los principales puntos de refugio para las familias que abandonaron Tula, Xicotlán y otras localidades. Durante los días más críticos, habitantes de la zona denunciaron que cientos de mujeres, niños y adultos mayores permanecían refugiados mientras los hombres de algunas comunidades intentaban defender sus localidades.
La violencia fue atribuida de manera distinta por las partes involucradas. El Gobierno federal señaló que los enfrentamientos correspondían a una disputa entre Los Ardillos y Los Tlacos, dos organizaciones criminales que mantienen una disputa por el control territorial en la región.
Sin embargo, dirigentes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) rechazaron que se tratara simplemente de una confrontación entre grupos criminales y responsabilizaron directamente a Los Ardillos de los ataques contra las comunidades indígenas. Jesús Plácido Galindo sostuvo entonces que se trataba de un intento de despojo territorial y no de una guerra entre dos organizaciones criminales.
El conflicto tiene además un antecedente de años. La Montaña Baja, particularmente la zona de Chilapa y comunidades de José Joaquín de Herrera, ha padecido desde hace más de una década enfrentamientos y disputas entre grupos armados y organizaciones de autodefensa comunitaria. La confrontación se recrudeció desde mediados de la década pasada y ha provocado asesinatos, desapariciones y desplazamientos.
En este contexto también adquirió relevancia la detención de Jesús Plácido Galindo, dirigente del CIPOG-EZ y figura vinculada a las estructuras de defensa comunitaria de la región.
Jesús Plácido Galindo fue detenido el 17 de julio de 2026 y posteriormente trasladado a un penal federal de máxima seguridad, acusado de homicidio calificado por un crimen ocurrido en 2021. Sus compañeros y defensores han cuestionado la legalidad de su detención y la consideran una posible represalia por sus denuncias sobre la violencia en las comunidades.
Ante la crisis de mayo, los gobiernos federal y estatal desplegaron cientos de elementos de seguridad en la zona y posteriormente pusieron en marcha el Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja, mediante el cual actualmente se atiende a 19 comunidades de cuatro municipios.
La estrategia contempla seguridad y acompañamiento a las familias, pero también acciones de educación, salud, vivienda, caminos, empleo y bienestar, con la intención de recuperar las condiciones sociales y económicas de las localidades afectadas.
Ahora, tres meses después del éxodo, Gobernación federal asegura que la mayoría de las familias ya regresó y que no existen nuevos desplazamientos
