*Propone considerar como «nepotismo indirecto» los casos en que un servidor público tolere o aproveche esas gestiones realizadas por personas vinculadas a él
BAJO PALABRA
Ciudad de México
Diputados del PAN presentaron una iniciativa para reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas con el fin de castigar el llamado «nepotismo indirecto» y la gestión indebida dentro del servicio público.
La propuesta ya fue turnada a comisiones en la Cámara de Diputados y plantea sancionar a los servidores públicos que permitan o se beneficien de la influencia ejercida por familiares o personas cercanas, aunque estas no ocupen un cargo oficial.
El objetivo, señalaron los promoventes, es evitar que el poder público se administre o se herede entre familiares mediante decisiones tomadas desde fuera de la estructura gubernamental.
La iniciativa define como «gestión indebida» cualquier intervención, recomendación, presión o influencia realizada para obtener contratos, nombramientos, recursos, trámites o resoluciones administrativas sin contar con facultades legales.
Además, propone considerar como «nepotismo indirecto» los casos en que un servidor público tolere o aproveche esas gestiones realizadas por personas vinculadas a él.
Entre las personas vinculadas se incluyen cónyuges, parejas, concubinas o concubinos, familiares por consanguinidad en línea recta sin límite de grado, parientes colaterales hasta cuarto grado y familiares por afinidad hasta segundo grado.
El diputado panista Marcelo de Jesús Torres explicó que la propuesta también busca blindar los procesos de contratación, nombramiento y asignación de recursos frente a lo que denomina «captura familiar del Estado».
La iniciativa define este concepto como un patrón repetido de decisiones públicas influenciadas por personas cercanas que concentran poder o beneficios dentro de una misma red familiar o de convivencia.
Los legisladores sostienen que la reforma pretende fortalecer la transparencia, evitar conflictos de interés y garantizar que las decisiones públicas respondan a criterios de mérito y legalidad, y no a relaciones personales o familiares.
El proyecto continuará su análisis en comisiones antes de que pueda ser discutido y votado por el pleno de la Cámara de Diputados.