*Familias de Xicotlán y Mezcaltepec aseguran que buscan recuperar la tranquilidad tras años de violencia; algunas personas desplazadas ya comenzaron a regresar a sus comunidades
JOSÉ LUIS LÓPEZ SANTANA
AIGNOTICIAS-GUERRERO
Habitantes de comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero, principalmente del municipio de Chilapa de Álvarez, anunciaron su deslinde del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y de estructuras de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), al señalar que durante los últimos años han padecido amenazas, asesinatos, desplazamiento y presiones para incorporarse a organizaciones comunitarias.
Los pobladores solicitaron a los gobiernos federal, estatal y municipal mantener de manera permanente los filtros y puestos de seguridad instalados en la región, al considerar que la presencia de las corporaciones ha permitido disminuir la tensión y comenzar un proceso de retorno de familias que habían abandonado sus viviendas.
En Xicotlán, habitantes que pidieron reservar sus nombres y evitar mostrar sus rostros por temor a represalias relataron que durante años vivieron bajo un ambiente de intimidación y confrontación entre grupos que disputan influencia y control territorial en esta zona indígena.
Los pobladores atribuyeron parte de esa situación a dirigentes del CIPOG-EZ y a integrantes de la CRAC-PF, aunque estas organizaciones han sostenido públicamente una versión distinta del conflicto: que sus estructuras de seguridad comunitaria surgieron como una respuesta de los pueblos ante la violencia de grupos delictivos y la falta de protección efectiva de las autoridades.
Once años de
confrontación
La región de la Montaña Baja arrastra un conflicto que se remonta por lo menos a 2014 y que involucra a comunidades indígenas, organizaciones de seguridad y defensa comunitaria y grupos del crimen organizado.
El escenario se complicó con la disputa territorial de organizaciones criminales por corredores estratégicos entre Chilapa, José Joaquín de Herrera y otras localidades de la región.
El CIPOG-EZ, organización indígena fundada formalmente en 2008, ha denunciado durante años agresiones contra comunidades nahuas y otros pueblos indígenas. Por su parte, la CRAC-PF surgió en 2014, en medio de una división dentro de la estructura histórica de la CRAC-PC. Ambas organizaciones han desarrollado mecanismos de organización comunitaria y seguridad, aunque sus adversarios las han acusado de ejercer control sobre algunas localidades.
La violencia no puede explicarse únicamente por la confrontación entre organizaciones comunitarias. En los últimos años, distintos reportes han documentado la presencia y disputa de grupos criminales en Chilapa y sus alrededores.
En mayo de 2026 se registró una nueva escalada de violencia que provocó desplazamientos masivos y llevó a los gobiernos federal y estatal a desplegar cientos de elementos de seguridad en la región.
En ese contexto, comunidades como Tula, Xicotlán, Acahuahuetlán y Alcozacán quedaron en medio de una disputa territorial que ha tenido consecuencias directas para la población civil. Reportes recientes documentaron ataques, homicidios, desapariciones y el desplazamiento de familias que abandonaron sus viviendas para ponerse a salvo.
Denuncian
asesinatos
Habitantes de Xicotlán señalaron que dos de sus excomisarios fueron asesinados después de manifestar su intención de apartarse de las organizaciones comunitarias.
De acuerdo con los testimonios recabados en la localidad, José Pablo Xanteco fue asesinado el 30 de octubre de 2021 sobre la carretera Atzacoaloya-Chilapa.
El segundo caso corresponde a Eugenio Rita Patricio, quien fue privado de la vida junto con su esposa el 10 de abril de 2026 en su domicilio de Xicotlán.
Los pobladores sostienen que ambos casos generaron temor entre las familias y contribuyeron al desplazamiento de habitantes que optaron por abandonar temporalmente sus viviendas.
En abril y mayo de este año, la violencia alcanzó nuevamente a comunidades de esta región.
Reportes periodísticos documentaron homicidios y ataques contra habitantes de localidades cercanas, mientras cientos de familias fueron desplazadas.
Detención de
Jesús Plácido
Los habitantes consultados también relacionaron sus expectativas de recuperación de la seguridad con la detención de Jesús Plácido Galindo, dirigente del CIPOG-EZ.
Galindo fue detenido el 17 de julio de 2026 y posteriormente vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en un homicidio ocurrido en 2021. Sus defensores, entre ellos el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, han cuestionado el proceso y sostienen que existen inconsistencias en los elementos utilizados para acusarlo.
Por ello, la situación jurídica del dirigente se ha convertido en otro de los puntos de tensión dentro del conflicto regional: mientras sectores de las comunidades lo responsabilizan de hechos violentos, organizaciones indígenas y defensoras de derechos humanos sostienen que su detención forma parte de un proceso de criminalización de la defensa comunitaria.
De hecho, apenas el 13 de agosto, habitantes de una docena de comunidades nahuas se concentraron en Alcozacán para exigir su libertad y reclamar condiciones de seguridad que permitan el retorno de personas desplazadas.
Esta posición contrasta con la expresada por habitantes de Xicotlán y otras localidades que ahora manifiestan públicamente su separación de esas organizaciones y piden que la seguridad quede directamente bajo responsabilidad de las instituciones de los tres órdenes de gobierno.
Familias retornan
Los habitantes de Xicotlán afirmaron que la presencia de elementos de seguridad ha generado condiciones que, por primera vez en meses, les permiten pensar en recuperar paulatinamente sus actividades cotidianas.
Según los pobladores, aproximadamente 75 por ciento de los habitantes ya se encuentra nuevamente en la comunidad, realizando labores agrícolas y otras actividades.
El regreso también comienza a hacerse visible entre niños y jóvenes, quienes nuevamente utilizan las canchas de la escuela primaria de la localidad para jugar, en una señal que los habitantes consideran representativa de la recuperación de la vida comunitaria.
Los pobladores insistieron, sin embargo, en que el retorno no será suficiente si las autoridades retiran los filtros de seguridad.
Por ello pidieron que los puntos de vigilancia permanezcan de manera permanente y que exista coordinación entre las autoridades municipales, estatales y federales para evitar nuevos ataques.
Mezcaltepec rechaza incorporarse a organizaciones
En la comunidad de Mezcaltepec 1, donde habitan alrededor de 500 personas y conviven familias pertenecientes a cuatro religiones, ciudadanos también se concentraron para expresar su rechazo a incorporarse al CIPOG-EZ y a la CRAC-PF.
Los habitantes afirmaron que, ante su negativa a integrarse a dichas organizaciones, sufrieron amenazas y afectaciones a la infraestructura de agua utilizada para el riego de sus cultivos.
Para esta comunidad, el problema adquiere especial gravedad debido a que la agricultura constituye una de sus principales fuentes de ingresos.
Los pobladores señalaron que la interrupción del suministro de agua pone en riesgo no solamente sus cosechas, sino la economía familiar.
También reportaron el asesinato de dos habitantes de la localidad y reiteraron que no pretenden incorporarse a ningún grupo, sino conservar sus propias formas de organización y sus autoridades comunitarias.
Francisco Tepeyeca Linares y Alejandro Hazacualpan Calvario, habitantes de Mezcaltepec, coincidieron en el llamado a los gobiernos federal, estatal y municipal para garantizar condiciones que permitan a las familias trabajar sus tierras sin amenazas.
La comunidad se caracteriza por la producción de maíz, hortalizas y frutas, actividades que dependen directamente de la disponibilidad de agua y de la movilidad de los productores.
Comunidades
divididas
La historia reciente de la Montaña Baja muestra que la confrontación ha rebasado el ámbito de las organizaciones armadas o comunitarias y ha terminado por dividir a pueblos, familias y autoridades.
Desde la creación de estructuras de policía comunitaria en la zona, algunas comunidades han encontrado en ellas un mecanismo para defenderse de grupos criminales ante la percepción de ausencia o insuficiencia de las instituciones de seguridad. Otras localidades, en cambio, han denunciado que esas mismas estructuras han ejercido presiones para incorporar a sus habitantes y han generado nuevas confrontaciones.
El propio gobierno de Guerrero ha intervenido anteriormente para establecer acuerdos de pacificación en el corredor Chilapa-Hueycantenango y ha instalado módulos de seguridad en puntos estratégicos como el Crucero de Tula, Cerro de Colotepec y Crucero del Jaguey.
La crisis se agravó nuevamente en mayo de 2026, cuando ataques atribuidos por diversas fuentes a grupos criminales provocaron el abandono de comunidades enteras.
La violencia generó desplazamientos y obligó a las autoridades a reforzar la presencia militar, de la Guardia Nacional y de corporaciones policiacas.
Organizaciones defensoras de derechos humanos, por su parte, han denunciado asesinatos y desapariciones de integrantes del CIPOG-EZ y han advertido sobre la vulnerabilidad de las comunidades indígenas frente a los grupos criminales.
Piden seguridad
del Estado
Ante este escenario, los habitantes de Xicotlán y Mezcaltepec insistieron en que su principal demanda es recuperar la paz y que las autoridades garanticen su derecho a vivir y trabajar en sus comunidades sin estar sujetos a presiones de ningún grupo.
Pidieron que los tres órdenes de gobierno mantengan los filtros de seguridad, vigilen los caminos y garanticen el libre tránsito de los habitantes, además de proteger las escuelas, viviendas y zonas de cultivo.
Su petición ocurre en un momento particularmente delicado para la región, en el que distintas comunidades mantienen posiciones encontradas respecto al papel de las organizaciones de seguridad comunitaria.
Mientras algunos pueblos continúan reivindicando la organización comunitaria como una herramienta de defensa frente al crimen organizado, otros aseguran que buscan recuperar su autonomía precisamente alejándose de esas estructuras.
El reto para las autoridades, coinciden los habitantes consultados, será evitar que esa división derive en nuevas agresiones y garantizar que el regreso de las familias desplazadas sea acompañado por condiciones reales y permanentes de seguridad.
Para los pobladores de Xicotlán y Mezcaltepec, la recuperación de sus comunidades no pasa por incorporarse a una nueva organización, sino por reconstruir sus propias formas de convivencia, recuperar sus actividades productivas y permitir que niños, jóvenes y familias vuelvan a desarrollar su vida cotidiana sin miedo.
La Montaña Baja enfrenta así una nueva etapa de un conflicto que durante más de una década ha dejado muertos, desaparecidos, desplazados y comunidades divididas.
El regreso de algunas familias representa una señal de esperanza, pero la permanencia de la violencia y las posiciones encontradas entre los propios pueblos mantienen abierta una crisis cuya solución dependerá de que el Estado logre garantizar seguridad y, al mismo tiempo, generar condiciones para la reconstrucción del tejido social.
