Aplazan 20 veces una audiencia por pensión alimenticia, denuncia madre
KARLA GALARCE SOSA
QUADRATÍN GUERRERO
La señora Marianita Ávila Rayón denunció que una audiencia relacionada con el proceso por la pensión alimenticia de su hija fue diferida más de 20 veces en un año y acusó que es víctima de violencia institucional, por las omisiones de autoridades judiciales y ministeriales en ocho años que lleva de litigio contra su expareja, Juan Carlos Benítez Galeana.
Ávila Rayón señaló que fue el juez de turno, Jorge Luis Galán, quien hizo los 20 aplazamientos de la audiencia y dijo que por el incumplimiento de la pensión ya presentó también en una denuncia penal.
Añadió que recientemente solicitó un nuevo control judicial debido a que la carpeta permanece sin avances y en materia familiar aún no se garantiza el pago de alimentos para su hija.
La afectada, quien es abogada de profesión, expuso su caso en conferencia de prensa en el Zócalo de este puerto, acompañada por integrantes del Frente Amplio Feminista, donde señaló que desde 2018 comenzó el procedimiento y que ha recurrido a las vías familiar y penal sin que hasta ahora se garantice la pensión de su hija.
“Todo deriva de un asunto de alimentos, el cual inició desde el año 2018, han transcurrido ya demasiados años y hasta la fecha no se nos ha administrado justicia. Por más recursos que se han interpuesto, he tenido la necesidad de denunciar por la vía penal, y pues, todas las carpetas están frenadas, el Ministerio Público no me hace del conocimiento ningún avance”, denunció.
Quadratín Guerrero informó en octubre del año pasado que la abogada y también servidora pública denunció al juez de lo familiar, Saúl Torres Marino por presuntamente incumplir la ejecución de una resolución que obligaría a Juan Carlos Benítez Galeana, padre de su hija, a pagar la pensión alimenticia desde 2018.
En aquella ocasión, Ávila Rayón señaló que el litigio había generado afectaciones económicas y emocionales para ella y su hija y acusó a Benítez Galeana, empresario radicado en Costa Grande, de presuntamente ejercer violencia psicológica, económica, social e institucional.
Este miércoles, Ávila Rayón afirmó que la prolongación del juicio de alimentos ha generado otras formas de violencia y afirmó que la principal afectada es su hija.
“Ese es el grave problema, que dentro del juicio de alimentos, por la tardanza en que se nos administra justicia, se han generado diversas violencias. Y pues, la más vulnerable y la más afectada es mi menor hija”, expresó.
También denunció el trabajo de burócratas que no han permitido que avance el proceso y dijo desconocer las razones por las cuales, a pesar de los recursos legales promovidos, el caso sigue sin resolverse.
Recordó además que denunció al padre de su hija por violencia física entre 2014 y 2015 y afirmó que el procedimiento comenzó en el sistema penal tradicional, pero posteriormente dejó de recibir información y no fue notificada de la sentencia.
Ávila Rayón indicó que la falta de una resolución ha afectado las condiciones económicas, educativas y emocionales de su hija, por lo que pidió revisar el trabajo de quienes intervienen en la impartición de justicia.
Calificó las omisiones en su caso como violencia institucional y pidió modificar las políticas de recursos humanos en el Poder Judicial, para evaluar no sólo la preparación profesional de los servidores públicos, sino su desempeño frente a las víctimas
