Analiza Acapulco acciones legales contra auditor estatal

*Tras fallo de la SCJN que invalida revisión de recursos federales

CARLOS MORENO A

ACAPULCO, GRO.

El Ayuntamiento de Acapulco analiza presentar acciones legales contra el auditor superior del estado, Marco César Paris Peralta Hidalgo, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la Auditoría Superior del Estado (ASE) no tenía facultades para fiscalizar recursos federales ejercidos por el municipio.

El gobierno municipal sostuvo, que la sentencia del máximo tribunal confirmó que la revisión de recursos federales corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por lo que la actuación de la ASE representó una invasión de competencias.

En conferencia de prensa este martes en la sala de Cabildo, el director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento, Jesús Mendiola Villegas, informó que se encuentran analizando las vías legales que podrían emprender una vez que reciban la notificación oficial del fallo, entre ellas posibles procedimientos ante la Secretaría de la Función Pública, el Congreso del Estado y, en su caso, instancias ministeriales.

“Hubo una transgresión a los artículos 14, 16 y 79 constitucionales por parte del titular de la Auditoría Superior del Estado; se están analizando las acciones que emprenderá el municipio de Acapulco, así como también está expedito el derecho de la presidenta con licencia Abelina López Rodríguez para iniciar las acciones que estime pertinentes”, señaló.

El representante jurídico explicó, que la controversia constitucional promovida por el municipio no se centró en la comprobación del gasto, sino en la competencia de la ASE para revisar recursos federales.

Indicó que los ministros de la Suprema Corte determinaron que no existía un convenio o instrumento jurídico que permitiera al órgano estatal auditar recursos federales, debido a que esa atribución corresponde de manera exclusiva a la ASF.

“Si la facultad es exclusiva, no existe un instrumento diverso que permita a la Auditoría Superior del Estado revisar recursos federales”, expuso.

Ante el fallo, Mendiola Villegas llamó al Congreso de Guerrero a revisar el desempeño del auditor superior del estado y determinar si continúa siendo la persona adecuada para permanecer al frente de la ASE.

“Confiamos en que el tema haya sido por desconocimiento de la norma, pero será el Congreso del Estado el que determine si la persona que representa a la Auditoría Superior del Estado es la adecuada para desempeñar ese cargo”, dijo.

Añadió que corresponde al Poder Legislativo valorar las posibles consecuencias, incluida una eventual solicitud de renuncia o una disculpa pública, aunque precisó que esas acciones aún están en análisis.

Por su parte, el secretario de Administración y Finanzas del Ayuntamiento, Carlos Armando Morillón Ramírez, aseguró que la resolución de la Corte da certeza sobre las atribuciones de las instituciones fiscalizadoras y descartó irregularidades en la Cuenta Pública 2023.

Explicó que la ASF auditó recursos federales por alrededor de mil 122 millones de pesos y que únicamente realizó una solicitud de aclaración por aproximadamente 3 millones de pesos, misma que fue atendida, por lo que el proceso quedó concluido.

Asimismo, explicó que los 898.6 millones de pesos observados por la ASE fueron solventados y corresponden a recursos utilizados para la ejecución de 511 obras públicas en distintas colonias de Acapulco.

El funcionario municipal, aclaró que la revisión de la ASF continúa en proceso administrativo de cierre y que todavía no se ha emitido la constancia definitiva de liberación.

Los funcionarios municipales insistieron, en que el conflicto nunca estuvo relacionado con la comprobación del gasto, sino con la facultad legal para auditar los recursos, y aseguraron que el Ayuntamiento atenderá cualquier revisión que corresponda conforme a las atribuciones de cada institución.

Advirtieron que, si la ASE vuelve a solicitar información sobre recursos federales sin contar con facultades constitucionales para ello, el municipio promoverá nuevamente una controversia constitucional.