BOLETÍN / CONGRESO
CHILPANCINGO, GRO.
Con el argumento de que el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar la igualdad, la dignidad humana y la no discriminación de todas las personas jóvenes, el diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jorge Iván Ortega Jiménez, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Número 688 de Personas Jóvenes del Estado de Guerrero para reconocer expresamente el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género.
La propuesta legislativa busca reformar el artículo 65 de dicha ley con el propósito de armonizar el marco jurídico estatal con los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de derechos humanos y los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de igualdad y no discriminación.
En su exposición de motivos, el legislador señaló que las juventudes guerrerenses no constituyen un grupo homogéneo, sino una población diversa atravesada por múltiples condiciones sociales, culturales, económicas, territoriales, étnicas y de género, por lo que resulta indispensable que la legislación reconozca expresamente las distintas realidades que viven miles de jóvenes en la entidad.
La iniciativa advierte que las personas jóvenes pertenecientes a la diversidad sexual y de género continúan enfrentando condiciones de discriminación, exclusión, violencia e invisibilidad institucional que limitan el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales y dificultan su acceso a espacios educativos, laborales, de salud, participación social y reconocimiento institucional.
Ortega Jiménez sostiene que la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 transformó profundamente el sistema jurídico mexicano al incorporar el principio pro persona y establecer la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.
Bajo esta nueva visión constitucional, explicó, conceptos como la igualdad sustantiva, la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad dejaron de ser principios abstractos para convertirse en parámetros obligatorios para la elaboración y aplicación de las normas jurídicas.
Como parte de la argumentación, el legislador cita datos de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la cual señala que el 5.1 por ciento de la población mexicana mayor de 15 años se identifica como parte de la comunidad LGBTTTIQ+, lo que representa aproximadamente cinco millones de personas.
En el caso de Guerrero, los datos muestran que el 7.2 por ciento de la población pertenece a la diversidad sexual y de género, equivalente a alrededor de 186 mil personas, lo que coloca a la entidad entre los estados con mayor porcentaje de habitantes pertenecientes a este sector poblacional.
La iniciativa destaca además que una parte importante de esta población es precisamente joven. De acuerdo con las cifras citadas, el 33.3 por ciento de las personas que se identifican como parte de la diversidad sexual y de género tiene entre 15 y 19 años de edad; el 20.4 por ciento entre 20 y 24 años, y el 13.8 por ciento entre 25 y 29 años.
El diputado perredista argumenta que esta realidad genera una condición de doble vulnerabilidad para miles de jóvenes, quienes enfrentan simultáneamente los obstáculos derivados de su edad y las formas de discriminación relacionadas con su orientación sexual, identidad o expresión de género.
El documento legislativo señala que estas circunstancias suelen traducirse en violencia escolar, rechazo familiar, discriminación laboral, exclusión social, violencia digital, afectaciones emocionales y obstáculos para ejercer plenamente sus derechos humanos.
La propuesta reconoce que la Ley Número 688 de Personas Jóvenes ya contempla el derecho de las juventudes a generar sus propias identidades individuales y colectivas, así como distintas formas de expresión; sin embargo, considera que la redacción actual mantiene importantes márgenes de ambigüedad al no mencionar de manera explícita derechos vinculados con la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y el libre desarrollo de la personalidad.
Por ello, Jorge Iván Ortega plantea reformar el artículo 65 para establecer de manera expresa que el Gobierno del Estado reconoce el derecho de las personas jóvenes a generar sus propias identidades individuales y colectivas, formas de expresión, así como al libre desarrollo de su personalidad, orientación sexual, identidad y expresión de género.
Asimismo, la iniciativa establece la obligación de las autoridades de proteger a las juventudes contra agresiones psicológicas, físicas, digitales y cualquier forma de discriminación derivada del ejercicio de esos derechos.
Otro de los aspectos relevantes de la reforma consiste en fortalecer la responsabilidad institucional del Estado para desarrollar políticas públicas dirigidas a reconocer, atender y proteger particularmente a las juventudes pertenecientes a grupos históricamente discriminados o que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad.
En ese sentido, el texto propone que el Gobierno del Estado, a través del Plan Estatal de Desarrollo, impulse programas que permitan identificar problemáticas específicas de estos sectores y diseñar políticas públicas integrales que promuevan la inclusión, garanticen la dignidad humana y prevengan cualquier forma de violencia o discriminación.
La iniciativa también se apoya en criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha reconocido el libre desarrollo de la personalidad como un derecho fundamental derivado de la dignidad humana y de la autonomía individual.
De acuerdo con dichos criterios, las personas tienen derecho a definir libremente su proyecto de vida, construir su identidad, expresar su personalidad y ejercer su sexualidad sin interferencias arbitrarias ni actos de discriminación.
El proyecto legislativo retoma además diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, los cuales obligan a los Estados a adoptar medidas para prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación.
El legislador subraya que la reforma no crea nuevos derechos ni establece privilegios especiales, sino que fortalece el reconocimiento explícito de derechos ya reconocidos por la Constitución mexicana y por los tratados internacionales, brindando mayor claridad normativa y mejores herramientas institucionales para la protección de las juventudes.
Jorge Iván Ortega Jiménez sostiene que reconocer jurídicamente a grupos históricamente discriminados constituye un acto de justicia normativa, armonización constitucional y visibilización institucional, además de una medida necesaria para garantizar que todas las personas jóvenes puedan construir libremente su identidad, desarrollar plenamente su personalidad y expresar quiénes son sin temor a la discriminación, la violencia o la exclusión.
De ser aprobada por el Congreso del Estado, la reforma convertiría a Guerrero en una de las entidades que incorporan de manera expresa en su legislación de juventudes el reconocimiento de la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y el libre desarrollo de la personalidad como derechos protegidos por el Estado, fortaleciendo así los mecanismos de inclusión y protección para miles de jóvenes guerrerenses.