JONATHAN GARCÍA
QUADRATÍN SLP
Aun cuando el uso de influencers y creadores de contenido en campañas políticas crece de cara a la elección de 2027, actualmente en México no existe un límite específico sobre cuánto dinero puede destinar un partido político para contratar publicidad con estos perfiles digitales, siempre y cuando el gasto sea reportado dentro de los topes generales de campaña establecidos por el Instituto Nacional Electoral (INE).
La autoridad electoral federal establece que cualquier contratación relacionada con propaganda en redes sociales, posicionamiento digital o promoción política en internet debe registrarse como gasto de campaña y entrar dentro del monto total autorizado para cada candidatura; sin embargo, la legislación no contempla una cifra exclusiva o porcentaje máximo destinado a influencers, TikTokers, streamers o generadores de contenido.
Este vacío ha comenzado a generar preocupación en el ámbito político, particularmente por el crecimiento acelerado de plataformas como TikTok, Instagram y Facebook como herramientas de posicionamiento político, principalmente entre votantes jóvenes. Incluso, el propio INE ha reconocido que la fiscalización digital representa uno de los principales retos rumbo a los próximos procesos electorales.
Uno de los antecedentes más polémicos ocurrió en 2021, cuando decenas de influencers promovieron al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) durante plena veda electoral, situación que derivó en sanciones económicas, investigaciones y criterios más estrictos por parte de la autoridad electoral sobre propaganda encubierta en redes sociales. A partir de entonces, el INE comenzó a reforzar mecanismos de monitoreo sobre contenidos digitales, publicaciones patrocinadas y campañas operadas mediante terceros.
De cara a 2027, analistas consideran que los partidos políticos podrían destinar millones de pesos a estrategias digitales e influencers locales para posicionar candidatos, especialmente ante la caída del impacto de la propaganda tradicional.
No obstante, advierten que la falta de reglas claras sobre contratación de creadores de contenido podría abrir la puerta a simulaciones, promoción disfrazada y dificultades para transparentar el origen y destino real de los recursos utilizados durante las campañas.