*Insiste el subsecretario de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros en que son solamente 96 los desplazados
*El funcionario encabezó comitiva oficial para Alcozacán, donde se encuentran refugiados los expulsados por la violencia
*Pide que el Ayuntamiento de Chilapa se sume a los trabajos de pacificación
ROGELIO AGUSTÍN/SNI
CHILPANCINGO, GRO.
Hasta el momento se tiene confirmada la destrucción de 23 viviendas, cinco vehiculos y la comisaría destrozada en la comunidad de Tula, municipio de Chilapa de Álvarez, tras los ataques armados registrados desde el pasado 6 de mayo.
De acuerdo con reportes oficiales, en un recorrido en Tula las autoridades visualizaron un total de 21 viviendas aparentemente no incendiadas; sin embargo, corroboraron daños por incendio en otras 23 casas.
Los reportes también señalam que una motocicleta y cinco vehículos fueron incendiados durante los hechos violentos.
Se confirmó que la comisaría de la comunidad fue quemada, al igual que el Centro Integrador de Desarrollo.
Al momento de la inspección no fue localizada ninguna persona dentro de la comunidad.
Hace falta que se recorran Xicotlán y Acahuehuetlan, donde también fueron desplazadas decenas de familias y sus viviendas atacadas con drones explosivos.
El Gobierno de Guerrero también remarcó el dato de 96 personas desplazadas que actualmente se encuentran refugiadas en Alcozacán, a partir de un censo realizado “persona a persona”.
Vía telefónica, el subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros confirmó que se encontraba en tránsito de Chilpancingo hacia la zona afectada por la violencia.
Indicó que el reporte oficial es de 70 familias desplazadas, con un total de 96 personas, no 800 ni mil, como se ha manejado en diferentes medios.
Indicó que el personal del Ejército Mexicano y la Policía del Estado ha entrado a la zona por los accesos de Tlachimalepec, Colotepec y San Jerónimo Palantla, pero indicó la necesidad que al trabajo de pacificación se sume el gobierno municipal de Chilapa de Álvarez, para poder dialogar con los representantes de los pueblos afectados.
Indicó que el corredor Chilapa-José Joaquín de Herrera (Hueycantenango) se encuentra en conflicto desde hace varios años, pero que esta administración ya había logrado un proceso de pacificación que se prolongó por espacio de dos años.
“Había dos años sin que se dieran situaciones de esa naturaleza, pero también administraciones anteriores de Chilapa tenían la disposición para ir a dialogar con los pueblos, ya se invitó a la alcaldesa para que se presente”, apuntó.
Respecto al dato de las 96 personas desplazadas, dijo que se trata de un censo realizado en Alcozacán, donde se encuentran refugiadas desde la noche del sábado 9 de mayo.
Explicó que el protocolo de atención implica generar condiciones de gobernabilidad en la zona, el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) para generar condiciones de retorno seguras.
Recordó que situaciones similares se registraron hace un año en San Jerónimo Palantla, cuando hubo una incursión de la policía comunitaria vecina y se logró reinstalar a los desplazados en un par de días.
Reconoció que en Tula hay indicios de violencia en 20 viviendas, de donde ya las familias se desplazaron y al acudir el personal del Ejército y la Policía confirmaron indicios de violencia.
Hasta el momento, dijo que no se tiene el reporte de personas asesinadas ni desaparecidas.
El funcionario aclaró que van a buscar el dialogo con los representantes de las comunidades, pero aclaró que de ninguna manera se tendrán acercamientos con grupos o personas que operen al margen de la ley.
