Reforma electoral podría fortalecer al narco, advierte Rosario Robles

*La ex titular de Sedesol y Sedatu estuvo en Acapulco, como ponente de la sesión del Grupo ACA, donde dijo que fue encarcelada por no esta de acuerdo con AMLO

*“Abaratar las elecciones, ¿para qué?, ¿para que el crimen organizado siga financiando campañas?”, espetó

*Afirmo que “ya hay financiamiento ilegal, hay huachicol y recursos ilícitos que entran a los procesos electorales”

KARLA GALARCE SOSA
QUADRATÍN GUERRERO

La exsecretaria de Desarrollo Social federal, Rosario Robles Berlanga advirtió que una reforma electoral enfocada en el abaratamiento de las elecciones consolidaría el financiamiento de la delincuencia organizada si no se coloca al centro el combate a la infiltración criminal en las campañas y en los gobiernos locales.

La exfuncionaria durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, participó como ponente en la sesión del Grupo ACA este miércoles, ante cuyos integrantes aseguró que el eje de cualquier reforma no debe ser únicamente el costo de las elecciones, sino romper el vínculo entre el crimen organizado y la política.

“Abaratar las elecciones, ¿para qué?, ¿para que el crimen organizado siga financiando campañas?, porque ya hay financiamiento ilegal, hay huachicol y recursos ilícitos que entran a los procesos electorales”, señaló.

La también exjefa de Gobierno del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, afirmó además que el problema de fondo no es el número de diputaciones ni los mecanismos de representación proporcional, sino impedir que “líderes de cárteles coloquen a presidentes municipales o a funcionarios de seguridad, o que asesinen a quienes no les son funcionales”.

Rosario Robles, quien también fue presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se refirió a los asesinatos de alcaldes Carlos Manzo de Uruapan y Alejandro Arcos de Chilpancingo, así como a la impunidad que los rodea.

Señaló que estos crímenes envían mensajes de control territorial y de miedo a la población. “Del partido que sea, el asesinato de un presidente municipal es un mensaje brutal; no podemos normalizar que el crimen organizado decida quién gobierna o quién muere”, enfatizó.

Llamó a que cualquier discusión sobre reforma electoral y política pública se base en la unidad frente al principal adversario del país. “Nuestro principal enemigo no es la oposición ni el gobierno, es el crimen organizado y cómo se ha apoderado de vastas regiones del país, y en Guerrero esa realidad se vive todos los días”, señaló.

Rosario Robles alertó que el miedo sigue siendo una constante en Guerrero, a pesar de los indicadores de crecimiento económico que se han registrado tras la reconstrucción por los huracanes.

Citó que, de acuerdo con encuestas nacionales, 8 de cada 10 personas en Guerrero se sienten inseguras, lo que impide hablar de bienestar real.

Durante su exposición ante quienes integran el Grupo ACA, recordó que aunque Guerrero muestra un crecimiento económico por encima de la media nacional, se mantiene como la segunda entidad más pobre del país, lo que evidencia que el aumento de indicadores macroeconómicos no se traduce en una reducción de la pobreza ni de la desigualdad.

Rosario Robles subrayó que no puede haber desarrollo social sin seguridad, ni bienestar basado únicamente en transferencias monetarias, porque “no hay crecimiento económico si no hay tranquilidad, si no hay empleo digno y si no se garantiza la seguridad social”.

¿Y AMLO?

Robles Berlanga afirmó haber sido víctima de persecución política y de género al ser encarcelada de manera preventiva por un delito del que posteriormente fue absuelta.

Durante su participación en una sesión del Grupo ACA este miércoles en el puerto, explicó que su ruptura con el entonces aspirante a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador ocurrió por desacuerdos de fondo con decisiones de gobierno y por negarse a acatar instrucciones sin cuestionamiento.

“Si Andrés Manuel rompió conmigo fue porque no estaba dispuesta a acatar su voluntad al 100 por ciento; le dije no a determinadas políticas”, afirmó.

Señaló que esa diferencia marcó su salida del círculo político cercano y derivó en su persecución y encarcelamiento por su perfil y trayectoria política.

“Había gobernado Ciudad de México, había recorrido todo el país, me conocían en todo México y era un peligro para México, y por eso me pusieron en esas cuatro paredes”, acusó.

La exfuncionaria que formó parte de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, subrayó que luego del proceso judicial, fue absuelta, “pero el daño ya estaba hecho”, principalmente a su familia.

“La cárcel no la carga nada más uno, la cargan nuestros familiares; la cargó mi hija, que fue muy valiente, pero la sigue cargando”, dijo; y señaló que la prisión preventiva se convirtió en un castigo anticipado para ella.

Añadió que la afectación fue profunda en lo personal, económico y reputacional, por lo que anunció que buscará la reparación del daño por la vía legal.

“Voy a demandar por todo el daño causado. El daño a mi reputación, a mi honra, a mi carrera política y a mi situación económica; pero lo más grave fue el daño a mi hija y a mi familia”, expresó.

Robles Berlanga sostuvo que su caso exhibe una justicia selectiva y el uso político de las instituciones.

“El interés no era la verdad ni la justicia; el interés era golpear políticamente”, acusó.

Comparó su situación con otros casos de funcionarios quienes no enfrentaron consecuencias a pesar de inconsistencias patrimoniales mayores.

Recordó que su trayectoria incluye haber sido jefa de Gobierno del entonces Distrito Federal y actualmente Ciudad de México, y titular de dependencias federales, además de recorrer el país al frente de la política social.

Argumentó que su visibilidad nacional influyó en la persecución que enfrentó.

Sostuvo que la experiencia carcelaria dejó huellas permanentes y debe servir como advertencia ante un país dolido que no escucha a las mujeres que buscan a sus hijos desaparecidos, que vive con miedo y donde la pobreza persiste.

Rosario Robles Berlanga fue encarcelada en agosto de 2019 acusada de ejercicio indebido del servicio público y omisión, al supuestamente permitir que durante su gestión al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se desviaran miles de millones de pesos del erario federal en el esquema conocido como Estafa Maestra.