*Testimonios de afectados encienden debate sobre la falta de vigilancia y confianza ciudadana
RÁFAGA NOTICIOSA
LAZARO CARDENAS, MICH.
Señalamientos directos difundidos en redes sociales y por usuarios de la carretera federal Lázaro Cárdenas–La Unión–Zihuatanejo, acusan presuntos actos de corrupción, opacidad e irresponsabilidad de algunos elementos de la Guardia Nacional sector caminos, lo que ha detonado un llamado ciudadano a revisar los mecanismos de supervisión y reforzar la seguridad en uno de los tramos considerados de mayor riesgo en la región.
De acuerdo con testimonios compartidos directos y otros de manera anónima, transportistas, operadores de camiones de carga de diversas empresas y particulares aseguran que en puntos como la entrada a la comunidad de Las Lagunas —municipio de La Unión— y la zona de Los Llanos, algunas patrullas permanecen estacionadas por largos periodos, presuntamente realizando actos de extorsión en lugar de labores preventivas.
Los denunciantes sostienen que esta conducta contrasta con la necesidad urgente de vigilancia en un corredor donde recientemente se registró el asalto a un diputado local y su familia, hecho que volvió a encender las alertas sobre la inseguridad carretera. Según los señalamientos, la presencia policial no siempre se traduce en reacción inmediata ante incidentes.
Un turista identificado como Marcelino Salazar, originario de Morelia, relató que semanas atrás presenció un asalto a un conductor extranjero cerca de donde se encontraban unidades oficiales, sin que —según su versión— hubiera intervención visible. Su testimonio se suma a otros mensajes difundidos en redes sociales, donde usuarios expresan frustración por lo que consideran una brecha entre la función institucional y la realidad que enfrentan quienes transitan por la zona.
Entre las publicaciones que circulan en plataformas digitales, algunos ciudadanos describen presuntas conductas indebidas de elementos de seguridad y piden mayor control interno. Aunque estos dichos no han sido corroborados por autoridades, reflejan un clima de desconfianza que impacta directamente en la percepción de seguridad.
Ante ello, usuarios y afectados hicieron un llamado a los mandos federales y a la misma presidenta de la república Claudia Sheinbaum para fortalecer los recorridos de vigilancia y transparentar la actuación de los cuerpos de seguridad, tanto en esta vía federal como en la autopista Siglo XXI, señalada reiteradamente por su peligrosidad.
Es de resaltarse que mas allá de la veracidad individual de cada denuncia —que corresponde investigar a las instancias competentes— el cúmulo de quejas revela un problema de fondo: la fragilidad de la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de protegerla. Cuando la percepción social apunta a abusos o indiferencia, el daño no sólo es operativo, sino también moral e institucional.
De acuerdo con Sigifredo Morales, usuario constante de la carretera, la seguridad de la arteria vial no depende únicamente del despliegue de patrullas, sino de la integridad, supervisión y rendición de cuentas de quienes las operan. “Ignorar las denuncias alimenta la sospecha; investigarlas con rigor fortalece la legitimidad. Para una corporación que tiene como mandato salvaguardar a la población, la transparencia no es opcional: es la base de su autoridad”, recalcó.
De manera general se enfatizó que en un contexto donde la movilidad es clave para la economía y la vida cotidiana, garantizar carreteras seguras exige algo más que presencia institucional: requiere compromiso ético, vigilancia interna y canales efectivos para que la ciudadanía denuncie sin temor. Sólo así podrá cerrarse la brecha entre la expectativa social y la realidad que hoy genera inconformidad.