QUADRATÍN
OAXACA, Oax.
La abogada y catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), María Ojeda, denunció un exceso en las medidas dictadas contra un regidor de San Juan Bautista Lo de Soto, en la Costa Chica, y advirtió un uso político de la figura de violencia política en razón de género.
La académica expuso que la presidenta municipal, Irasema Leyva Ojeda, gestionó un préstamo cercano a los 3 millones de pesos ante Banobras, el cual —según su versión— no fue acordado ni aprobado por el Cabildo, pese a que ese procedimiento es necesario para este tipo de financiamiento.
Precisó que el regidor Abraham Alejandro Ojeda Pacheco se enteró del préstamo mediante páginas oficiales y solicitó a la presidenta municipal que informara y rindiera cuentas sobre el manejo de ese recurso.
Indicó que el 1 de agosto de 2025 la presidenta municipal acudió al municipio acompañada del director de Finanzas y que, para justificar el uso del dinero, se planteó la compra de un camión recolector de basura modelo 1983.
La abogada señaló que el regidor acudió con un colectivo ciudadano que exige transparencia y que su intervención se limitó a pedir aclaraciones sobre el destino del dinero, sin descalificaciones personales ni expresiones relacionadas con la condición de mujer de la presidenta municipal.
De acuerdo con la catedrática, la presidenta municipal acudió ante la Fiscalía en Pinotepa Nacional y, a partir de esa intervención, el Ministerio Público Édgar Manuel Orantes dictó medidas restrictivas contra el regidor.
Entre las restricciones mencionó la prohibición de intimidar a Irasema Leyva Ojeda, molestarla en su entorno social y realizar actos que la incomoden a ella o a integrantes de su familia, así como limitaciones que, en los hechos, le impiden comunicarse con la autoridad municipal.
«Mi cliente no incurre en violencia política en razón de género por solicitar se le informe de un préstamo que no tuvo autorización del Cabildo y lo silencian con un argumento que viola sus derechos constitucionales», comentó.
María Ojeda sostuvo que el Ministerio Público se excedió al imponer medidas que, en su lectura, bloquean el ejercicio del cargo del regidor y lo colocan en un escenario de riesgo y hostigamiento institucional.
Informó que promovió una solicitud ante un juez de distrito para que se suspenda el acto de autoridad del Ministerio Público, ya que las medidas tienen tres días vigentes y, señaló, están privando a su representado de derechos constitucionales.