*La Auditoría de Guerrero asegura que respetará la determinación final de la SCJN
ROSARIO GARCÍA OROZCO
SNI/CHILPANCINGO, GRO.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Guerrero informó que la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, no ha sido exonerada de la comprobación de 898 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2023, como se ha interpretado a partir de un documento emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La ASE explicó que dicho documento no representa una carta de liberación, sino únicamente un pronunciamiento sobre la competencia de revisión, por lo que no invalida el proceso de fiscalización que está en curso.
Mediante un comunicado difundido este lunes en las redes sociales de la ASE, el órgano fiscalizador reiteró su compromiso de aplicar la ley en materia de fiscalización de recursos públicos, bajo los principios de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, particularmente en el Ayuntamiento de Acapulco.
No obstante, la ASE señaló que respetará la resolución final que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la controversia constitucional promovida por la presidenta municipal de Acapulco, relacionada con la auditoría al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faismun), por un monto de 898 millones de pesos del ejercicio 2023.
El organismo aclaró que, a diferencia de lo declarado por la alcaldesa, el documento de la ASF no constituye una absolución sobre las participaciones federales de ese año, sino una solicitud de aclaración derivada de la revisión al Ramo 28.
Asimismo, recordó que en cumplimiento al convenio de colaboración suscrito con la ASF el 30 de abril de 2024, la ASE Guerrero inició el proceso de fiscalización al Ayuntamiento de Acapulco en lo correspondiente al Fondo de Aportaciones.
Precisó también que el pronunciamiento de la ASF aborda conceptos y procedimientos distintos a los señalados por la autoridad municipal, y que la ASE limita su actuación a los rubros que son de su competencia, siempre garantizando el debido proceso y el derecho de acceso a la información pública.
