GUSTAVO CASTILLO
LA JORNADA/CDMX
La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que la indagatoria contra María Amparo Casar y dos ex funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) “fue judicializada en el mes de septiembre y no recientemente, como algunas versiones lo han señalado erróneamente”, es decir, durante la gestión de Alejandro Gertz Manero, y que “es absolutamente falso que esta institución trabaje por consigna, como dolosamente se ha señalado en algunas publicaciones en redes sociales”.
La Jornada dio a conocer que el Ministerio Público Federal judicializó una carpeta de investigación en la que se señala a Casar y dos ex funcionarios de Pemex “por su probable intervención en la comisión del hecho señalado en la ley como delito de uso ilícito de atribuciones y facultades”, a través del cual obtuvo una pensión vitalicia de 125 mil pesos mensuales por parte de la petrolera tras el suicidio de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, el 7 de octubre de 2004.
La audiencia está programada para el próximo martes y de acuerdo con documentos del Poder Judicial de la Federación (PJF), en el expediente se señala que fueron citados a comparecer la propia Casar, Miguel Ángel Feijóo y Teresa Maldonado Ordóñez, quienes en 2004, ocupaban los cargos de gerente de Administración Financiera y subgerente de Recursos Financieros, respectivamente, en Pemex.
A través de su cuenta de X, la FGR informó: “sobre la información que trascendió sobre una investigación contra la presidenta de una asociación civil, se precisa que el Ministerio Público Federal (MPF) analiza detalladamente la indagatoria, a efecto de verificar que haya sido integrada conforme a derecho.
“La FGR trabaja para realizar investigaciones en el marco de la ley, sin sesgos de ningún otro tipo que no sea el marco jurídico, con la finalidad de respetar los derechos de todas las personas. Es absolutamente falso que esta institución trabaje por consigna”.
En un breve comunicado, informó que sobre la información que trascendió sobre una investigación en contra de la presidenta de una asociación civil, la FGR precisó que el Ministerio Público Federal (MPF) analiza detalladamente la indagatoria, a efecto de verificar que haya sido integrada conforme a derecho, una vez que fue judicializada en el mes de septiembre y no recientemente, como algunas versiones lo han señalado erróneamente.
María Amparo Casar es imputada por el delito de uso ilícito de atribuciones para hacer el cobro de una pensión vitalicia en Pemex, derivada del fallecimiento de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, ocurrido en 2004.
La acusación se centra en que dicho beneficio habría sido otorgado de manera indebida, al no tratarse de una muerte accidental.
De acuerdo con la carpeta de investigación ya judicializada, Casar deberá comparecer el martes 16 de diciembre ante el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, donde se celebrará la audiencia inicial ante la jueza Diana Selene Medina Hernández. La FGR sostiene que la pensión fue concedida bajo supuestos que no correspondían a la causa real del fallecimiento del exfuncionario de Pemex, quien se suicidó el 7 de octubre de 2004.
La investigación formal comenzó el 5 de abril de 2024, luego de que Pemex presentó una denuncia contra María Amparo Casar y sus hijos. La empresa productiva del Estado argumentó que los pagos realizados por concepto de pensión post mortem, seguro de vida y otros beneficios carecían de sustento legal.
Posteriormente, el 13 de mayo de 2024, la FGR informó públicamente sobre la existencia de la carpeta de investigación, al señalar que la muerte del exfuncionario fue catalogada inicialmente como accidental por la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en 2005, versión que permitió el acceso a los beneficios económicos. Sin embargo, las indagatorias actuales sostienen que se trató de un suicidio, lo que habría cambiado las condiciones para el otorgamiento de la pensión.
A partir de esta clasificación, la familia recibió más de 17 millones de pesos por concepto de seguro de vida y gastos funerarios, además de una pensión mensual cercana a 130 mil pesos para Casar y pagos adicionales de 15 mil 434 pesos mensuales para cada uno de sus hijos hasta cumplir 25 años y concluir sus estudios.
Litigios
abiertos
En mayo de 2024, el entonces director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, informó que la petrolera inició diversas acciones legales para recuperar más de 31 millones de pesos, monto que consideró fue entregado de manera indebida. A raíz de la denuncia, Pemex suspendió el pago de la pensión, lo que derivó en una nueva disputa legal.
Frente a esta decisión, María Amparo Casar promovió un juicio de amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo, en la Ciudad de México. En una primera resolución, el juez concedió una suspensión de plano, ordenando a Pemex reanudar el pago de la pensión mientras se resolvía el fondo del asunto.
No obstante, según el expediente 1325/2025, el 25 de febrero de 2025 el juzgado determinó sobreseer el amparo, al considerar que la petrolera continuó realizando los pagos tras la suspensión provisional. Con ello, el juez dio por terminada la controversia sin pronunciarse sobre la legalidad de la suspensión inicial.
Fuentes federales señalan que actualmente Casar enfrenta tres procesos legales de manera paralela: uno en materia civil, otro administrativo y el más reciente en el ámbito penal, que ahora coloca el caso en una nueva fase judicial.