*Su liberación se dio después de un bloqueo de más de 3 horas en la Autopista del Sol organizado por la CRAC-PC
*La Fiscalía mantiene más de 30 carpetas de investigación abiertas contra miembros de la CRAC-PC, informaron
*A Jaime Morales se le vinculaba con una denuncia por secuestro de parte de personas en reeducación en 2013, en la Casa de Justicia de El Paraíso
ESTOESGUERRERO
TLAPA, GRO.
El consejero de la Casa de Justicia de El Paraíso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Jaime Morales Castro, recuperó su libertad este miércoles luego de permanecer siete días encarcelado en el penal de Atlamajac en Tlapa, acusado de secuestro agravado.
Su liberación ocurrió después de que miembros de la CRAC-PC realizaron un bloqueo de más de tres horas en la Autopista del Sol en Chilpancingo, este miércoles, como medida para exigir la atención del gobierno estatal y la salida de su compañero.
A la salida del penal, Morales Castro recibió a su familia y a abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que lo acompañó durante todo el proceso legal.
Su detención está vinculada a la causa penal 196/2013, derivada de denuncias presentadas por 43 personas que estaban en reeducación en la Casa de Justicia de El Paraíso, cuando en 2013 las fuerzas del Estado intervinieron en el lugar, afectando al sistema de justicia comunitario.
El caso subraya la tensión entre los sistemas de seguridad comunitaria y las autoridades estatales, así como la relevancia de respetar la jurisdicción indígena en Guerrero.
La noticia de su liberación fue confirmada mediante una videollamada entre comunitarios y representantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quienes informaron que Morales Castro abandonó el reclusorio de Tlapa sin cargos y sin medidas restrictivas.
El abogado Rogelio García, integrante de Tlachinollan, precisó que la Fiscalía General del Estado no logró acreditar el delito de secuestro agravado y adelantó que la institución podría apelar la decisión judicial.
Aun así, calificó el fallo como “un acto de justicia que reconoce la legitimidad de los sistemas comunitarios”.
García señaló que la Fiscalía mantiene más de 30 carpetas de investigación abiertas contra miembros de la CRAC, lo que consideró un intento de criminalizar a las policías comunitarias que actúan bajo el mandato de las asambleas indígenas.
El abogado de Tlachinollan aclaró que, pese a que la Fiscalía tiene varias carpetas de investigación en trámite, el sistema de seguridad y justicia comunitario no puede ser castigado penalmente por ejercer las tareas mandatadas por las asambleas indígenas, y subrayó la importancia de respetar la jurisdicción indígena en Guerrero.
