MARCIAL CAMPUZANO
CHILPANCINGO, GRO.
Familiares de desaparecidos y ejecutados durante la llamada Guerra Sucia en Guerrero, en las décadas de los sesenta y setenta, demandaron al gobierno federal el castigo a los militares responsables de aquellos hechos y exigieron la entrega de restos humanos localizados en fosas clandestinas en el municipio de Ajuchitlán del Progreso.
En conferencia de prensa, integrantes de colectivos de víctimas denunciaron que, a más de 50 años de distancia, prevalece la impunidad y el ocultamiento de la verdad por parte del Estado Mexicano. Recordaron que hasta la fecha no existe un solo militar sentenciado por crímenes cometidos en ese periodo.
Octaviano Gervasio Serrano, hijo de una de las víctimas y dirigente del Colectivo de Esposas e Hijos Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia de Atoyac de Álvarez, señaló que en ese periodo fuerzas del Ejército, la Fuerza Aérea, la Dirección Federal de Seguridad y policías judiciales cometieron ejecuciones sumarias, tortura, violencia sexual, desplazamiento forzado y encarcelamiento clandestino, delitos que calificó como crímenes de lesa humanidad.
El activista recordó que, por decreto presidencial del 7 de octubre de 2021, se creó la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia, que documentó violaciones graves a derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990. Dicho organismo concluyó sus trabajos en agosto de 2024 e identificó al menos 8,594 víctimas.
Pese a los hallazgos de la Comisión de la Verdad, familiares denunciaron que no se han judicializado los casos ni se ha otorgado reparación integral a las víctimas, lo que atribuyen a la simulación y complicidad de las autoridades federales y estatales.
Los colectivos hicieron un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que los reciba en audiencia y atienda directamente los reclamos de justicia. Recordaron que durante el sexenio pasado, el expresidente Andrés Manuel López Obrador sí sostuvo encuentros con las familias en Palacio Nacional.
Las familias exigieron en particular la entrega de los restos de Eduviges Zubillaga Ortiz y Francisco Rojas Nazario, exhumados en 2023 en fosas clandestinas de la comunidad de Los Espadines, municipio de Ajuchitlán del Progreso. Señalaron que, aunque ya se entregaron 5 cuerpos a sus deudos, faltan estos dos para darles sepultura.
Bartolo Hernández Rojas, hijo de una de las víctimas ejecutadas en Los Espadines, exigió justicia para su padre y responsabilizó directamente al Ejército de la masacre. “Fuimos desplazados, nuestras casas fueron quemadas. Queremos justicia y castigo a los culpables”, declaró.
Gloria Rojas Terán, hija de Francisco Rojas Nazario, pidió la entrega inmediata del cuerpo de su padre, pues han pasado casi 2 años sin que las autoridades cumplan con ese compromiso. “Exigimos justicia y castigo a los responsables que lo asesinaron”, expresó.
También una hija de Eduviges Zubillaga Ortiz exigió a las fiscalías federal y estatal agilizar las pruebas periciales para poder enterrar dignamente a su padre. “Ya pasaron 2 años y seguimos esperando. Queremos darle sagrada sepultura”, manifestó.
Familiares de otras víctimas, como Isabel Rojas Bernardino y José Santos González Rojas, subrayaron que aún hay desaparecidos cuyo paradero se desconoce y reclamaron mayor apoyo del Estado en las labores de búsqueda.
Los colectivos señalaron que la Fiscalía de Guerrero no logró resultados concluyentes en las pruebas genéticas practicadas a los restos, debido al deterioro causado por químicos agrícolas en la zona, por lo que demandaron la intervención de la Fiscalía General de la República para realizar análisis más avanzados.
Plantearon que el plazo máximo para entregar los cuerpos debe ser de 2 meses, pues existe viabilidad científica para la identificación. “Solo falta la voluntad de aplicar reactivos más sofisticados”, puntualizó Gervasio Serrano.
Los representantes del colectivo Asociación Representativa de Comunidades y Ejidos Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos; el Colectivo de Esposas e Hijos Desaparecidos de Atoyac; y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria reiteraron que agrupan a más de 700 víctimas directas e indirectas y advirtieron que, de no obtener respuesta, acudirán a instancias nacionales e internacionales para exigir justicia.