Urge una instancia federal que atienda los conflictos de tierras
*Fue un error la desaparición de la Secretaría de la Reforma Agraria, dijo Evencio Romero
MARCIAL CAMPUZANO
CHILPANCINGO, GRO.
Los conflictos por la tenencia de la tierra en Guerrero se han agudizado ante la falta de una instancia gubernamental con capacidad real para atenderlos a profundidad, denunció Evencio Romero Sotelo, dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos.
Señaló que en varias regiones del estado, particularmente en La Montaña, Costa Chica y la Zona Norte, existen conflictos agrarios latentes que podrían derivar en hechos de violencia si no se atienden oportunamente, como ya ocurrió recientemente en el municipio de Alcozauca.
En este caso específico, explicó, las comunidades de Cruz Fandango y Cuyuxtlahuac protagonizaron un enfrentamiento derivado de una disputa por tierras, que incluyó la retención de varias personas durante días. El conflicto, añadió, pudo haberse evitado con una intervención institucional oportuna.
El líder campesino criticó la desaparición de la Secretaría de la Reforma Agraria y su transformación en la actual Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a la que calificó como una oficina con enfoque meramente urbanista, alejada del contexto rural.
“Uno de los errores del actual régimen fue eliminar la Reforma Agraria y sustituirla por una dependencia que ya no responde a los intereses del campo, aunque existen el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, no tienen el impulso suficiente para resolver los conflictos que se están acumulando”, señaló.
Indicó que en muchos casos, los problemas agrarios actuales son resultado de resoluciones presidenciales del pasado, que no trazaron con precisión en los planos los límites de los ejidos provocando traslapes entre comunidades vecinas.
Puso como ejemplo el caso de las comunidades de Ocuapa y Tlacuapa, pertenecientes a los municipios de Copanatoyac y Tlacoapa, donde los planos agrarios están sobrepuestos, lo que ha dado pie a disputas constantes entre ambas poblaciones.
Romero Sotelo subrayó que el derecho agrario es un derecho social y debe resolverse con diálogo y conciliación, no mediante la imposición, recordó que la Ley Agraria contempla una etapa previa de conciliación antes de acudir a los tribunales.
Sin embargo, acusó que en la práctica, abogados y funcionarios corruptos apuestan por alargar los conflictos para obtener beneficios económicos, lo que impide que los procesos avancen y se resuelvan de manera justa.
Además, denunció que hay organizaciones sociales que actúan parcializadas en los conflictos, apoyando a una comunidad sobre otra y avivando la confrontación. Expuso que una verdadera organización social debe ser neutral.
De acuerdo con sus datos, en Guerrero existen al menos 50 conflictos agrarios activos, cifra que contrasta con los datos oficiales proporcionados por la Secretaría General de Gobierno, que reconoce solo 20.
“Esos conflictos pueden durar años dormidos, pero cuando estallan lo hacen con fuerza y consecuencias graves. Lo vimos en Cruz Fandango, donde incluso ya existe una resolución del Tribunal Superior Agrario que reconoce a esa comunidad como anexo del ejido de Alcozauca”, dijo.
El dirigente propuso retomar mecanismos del pasado, como fideicomisos especiales para compensar al ejido que pierda en una resolución agraria, ya sea con recursos económicos, obras sociales o comprando la tierra en disputa.
Denunció la existencia de una “corrupción galopante” al interior de la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, donde “empleados y abogados actúan como gestores privados haciendo negocio con los conflictos agrarios y obstaculizando su resolución”.
