*Eso podría costarle hasta 9 años de prisión
*Angel Espinobarros Urbano publica videos y fotos de venados silvestres cautivos en su domicilio
NOÉ ESPINOZA
ESTO ES GUERRERO
El regidor del municipio de Tlapa, Ángel Espinobarros Urbano, ha generado fuerte polémica y preocupación legal tras publicar en su cuenta personal de Facebook imágenes y videos en los que exhibe venados silvestres en peligro de extinción, en su propia casa.
El acto podría configurar un delito ambiental, según el Artículo 420 del Código Penal Federal, que establece penas de: 1 a 9 años de prisión. O multas de 300 a 3,000 días de salario mínimo, equivalentes en 2025 a entre $74,679 y $746,790 pesos mexicanos
Además, las penas pueden aumentar hasta en un 50 % si la especie está protegida, si el hecho tiene fines comerciales o si ocurre dentro de áreas naturales protegidas.
La legislación también contempla sanciones por la caza ilegal, captura, transporte y tráfico de especies sin autorización, lo cual podría aplicarse en este caso si no se cuenta con un permiso oficial expedido por la Semarnat o no se realiza en una Unidad de Manejo Ambiental (UMA).
En las publicaciones, el funcionario muestra a los animales capturados y desorientados, afectados por la luz de un vehículo, mientras varias personas intentan sujetarlos a la fuerza. En otro video, se observa cómo los venados forcejean visiblemente durante el intento de captura.
Lo más alarmante es que el propio regidor Espinobarros invita públicamente a los ciudadanos a acudir a su casa para ver a los animales, señalando: “hermanos y hermanas quien desea verlos están en la casa, son muy lindos ejemplares venaditos”.
Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Usuarios criticaron duramente su actuar, tildándolo de “irresponsable”, “ignorante” y de cometer un acto “sin sentido”. Algunos incluso le recomendaron buscar asesoría legal:
“Con todo respeto, mi regidor, contrate un buen asesor jurídico para evitar problemas que se puedan evitar, lo estimo. Saludos”, comentó un usuario.
Hasta el momento, ni la Procuraduría de Protección Ambiental del Estado de Guerrero (Propageg) ni la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Guerrero (Semaren) han emitido algún pronunciamiento oficial sobre el caso. Tampoco lo han hecho las autoridades federales competentes, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
No obstante, especialistas en derecho ambiental advierten que los hechos podrían derivar en sanciones administrativas e incluso penales, conforme al Código Penal Federal. En tanto, ciudadanos y colectivos locales han exigido la intervención inmediata de estas instancias, así como de la Fiscalía General de la República (FGR), para investigar el hecho, asegurar a los ejemplares y garantizar el bienestar de los animales.