* Más de 50 familias del colectivo Luciérnaga, acompañadas por autoridades estatales, retoman labores para localizar a sus seres queridos desaparecidos en la región
YENER DE LOS SANTOS
CHILPANCINGO, GRO.
Luego de casi dos años sin acciones en campo, el colectivo Luciérnaga reanudó este martes la búsqueda de fosas clandestinas en la región de La Montaña de Guerrero, en un esfuerzo por localizar a sus familiares desaparecidos. El colectivo está integrado por más de 50 familias, en su mayoría de comunidades indígenas nahuas y me’phaa.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, las jornadas de búsqueda se realizarán los días 29 y 30 de julio en distintos puntos de Tlapa y zonas aledañas. Participan integrantes del colectivo, personal de la Fiscalía General del Estado y de la Comisión Estatal de Búsqueda.
Por razones de protocolo, no se ha revelado la ubicación exacta de los operativos. Sin embargo, se informó que una vez concluidas las jornadas, se dará a conocer un balance de los resultados obtenidos.
Las familias del colectivo Luciérnaga han tenido que esperar desde julio de 2022 para reanudar estas labores, debido —según denuncian— a la falta de voluntad institucional. En aquella ocasión, las búsquedas se realizaron del 11 al 14 de julio en el paraje conocido como “Tres Postes”, a las afueras de Tlapa, señalado como un punto utilizado por grupos criminales para enterrar a personas privadas de la libertad.
Desde su conformación en 2019, el colectivo ha documentado entre 50 y 60 casos de desapariciones en la región, aunque no todas las familias presentan denuncias formales por miedo o desconfianza en las autoridades.
Durante las búsquedas realizadas entre 2019 y 2022, el colectivo localizó más de 100 restos óseos en terrenos de los municipios de Tlapa, Atlamajalcingo del Monte y Copanatoyac. No obstante, hasta la fecha, han denunciado que dichos restos no han sido debidamente identificados por las autoridades estatales.
Una fuente del colectivo declaró que la ausencia de búsquedas en los últimos dos años se debió a la desidia institucional. Acusó a la Fiscalía General del Estado de no actuar por iniciativa propia y de responder únicamente ante la presión de las familias.
