*El documento denuncia estigmatización, criminalización y abandono institucional hacia quienes buscan a sus seres queridos desaparecidos
YENER DE LOS SANTOS
REPORTE GUERRERO
En medio de un país desgarrado por la desaparición forzada, Amnistía Internacional (AI) presentó este jueves en Chilpancingo el informe “Desaparecer otra vez. Violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México”, donde denuncia el abandono, la estigmatización y la violencia institucional que enfrentan las mujeres que, ante la omisión del Estado, han asumido la tarea de buscar a sus familiares desaparecidos.
La presentación se realizó en el auditorio de Rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), con la presencia de colectivos de familiares de desaparecidos y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Ahí, se evidenció con crudeza cómo las instituciones mexicanas, en lugar de proteger a las víctimas, las revictimizan y les cierran las puertas.
Durante el acto, Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de AI México, explicó que más del 70% de las mujeres buscadoras presentan afectaciones físicas y psicológicas como ansiedad, ataques de pánico, insomnio y depresión, tanto por la desaparición de sus seres queridos como por los impactos de la propia labor de búsqueda, que muchas veces incluye el hallazgo de restos humanos.
Además, el 66% de estas mujeres han sufrido afectaciones económicas al costear por cuenta propia herramientas, transporte, alimentos y recursos básicos para continuar las búsquedas que el Estado ha abandonado. A pesar de ello, solo el 5% ha recibido algún tipo de atención médica o apoyo financiero institucional. El resto sobrevive en la incertidumbre, enfrentando la violencia de un Estado que las castiga por buscar justicia.
“En lugar de recibir respaldo, son discriminadas, maltratadas por autoridades, y en muchos casos señaladas para que desistan de su búsqueda”, denunció Olivares Ferreto. El informe documenta que el 55% de las mujeres buscadoras han sido estigmatizadas o criminalizadas por agentes del Estado mexicano.
El informe incluye recomendaciones puntuales al Estado mexicano, entre ellas el reconocimiento de las mujeres buscadoras como defensoras de derechos humanos y su incorporación a mecanismos de protección nacionales e internacionales. También exige que cesen la estigmatización y la violencia institucional en su contra, y que se garantice su seguridad, salud y bienestar.
Durante la presentación, Gema Antunes, coordinadora del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, denunció que en Guerrero el gobierno ha sido sistemáticamente omiso. Afirmó que las madres buscadoras llevan años sin recibir recursos ni apoyo real, mientras las instituciones carecen de personal, equipo y voluntad para realizar búsquedas efectivas.
Por su parte, Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan, fue contundente: “Las autoridades están totalmente alejadas de las víctimas. No las escuchan, las criminalizan, y las estigmatizan”.
El defensor de derechos humanos también lamentó que en Guerrero no exista una figura operativa en la política interna del gobierno estatal que atienda a las víctimas de desaparición. “No hay ni siquiera una persona titular en la Secretaría General de Gobierno, lo cual refleja el desinterés y vacío institucional frente a una de las peores crisis humanitarias que vive el estado”, sentenció.