MARCIAL CAMPUZANO
CHILPANCINGO, GRO.
El Congreso del estado aprobó reformas a la Ley de Educación para prevenir y erradicar el acoso escolar, especialmente el que afecta a niñas, estableciendo sanciones claras a las autoridades educativas que lo toleren, encubran o desatiendan.
El dictamen aprobado contempla la incorporación de una definición precisa del acoso escolar en la ley, así como la obligación de las autoridades escolares de actuar de inmediato al detectar este tipo de violencia, que puede causar daños irreparables en niñas, niños y adolescentes.
Esta reforma surge ante la urgencia de frenar una práctica que, lamentablemente, se ha normalizado en muchos planteles educativos y que vulnera gravemente los derechos y la dignidad de las personas menores de edad.
El dictamen del proyecto de decreto fue presentado por la diputada María del Pilar Vadillo Ruiz, integrante de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, quien fundamentó que el acoso escolar no debe ser minimizado ni tolerado por ningún integrante del sistema educativo.
“Estamos convencidas y convencidos de que las autoridades escolares deben actuar sin dilación ante el acoso escolar y asumir consecuencias si lo permiten o ignoran”, señaló la legisladora desde tribuna.
La iniciativa original fue presentada por la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), María Irene Montiel Servín, y con las modificaciones propuestas se adiciona una fracción al artículo 137 de la Ley de Educación para tipificar como infracción la omisión ante situaciones de acoso.
Asimismo, se introduce una reforma al artículo 4 de la misma Ley, con la finalidad de incluir formalmente el concepto de acoso escolar, lo cual permitirá una aplicación más clara y uniforme de medidas preventivas y correctivas.
Estas disposiciones buscan garantizar entornos escolares seguros, libres de violencia, y que respeten el principio del interés superior de la niñez, consagrado en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El dictamen también incluye medidas para fortalecer la educación comunitaria, estableciendo que el Estado debe implementar programas educativos con enfoque territorial y cultural, especialmente en comunidades con alta marginación.
En este sentido, se plantea que el Gobierno del estado coadyuve con el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y que se base en diagnósticos técnicos validados para mejorar la calidad de la educación en zonas rurales y apartadas.
La diputada Vadillo Ruiz subrayó que la reforma responde también a compromisos internacionales del Estado mexicano, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Convenio 169 de la OIT.
Durante su intervención, reiteró que la dignidad de niñas, niños y adolescentes no es negociable, y que permitir o no actuar ante el acoso escolar equivale a revictimizar a quienes lo padecen.
Previo a la aprobación, hizo un llamado a sus compañeras y compañeros diputados a respaldar con su voto el dictamen, señalando que se trata de una medida urgente, socialmente responsable y orientada a construir un sistema educativo libre de violencia.