La nueva Ministra Herrerías manipuló pruebas del caso Ayotzinapa: padre

Mario César González, padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, acusó a la próxima Ministra Sara Irene Herrerías de haber sido una pieza clave en la protección del pacto de impunidad

ROMINA GÁNDARA Y OBED ROSAS
SINEMBARGO/CIUDAD DE MÉXICO

Los señalamientos contra Sara Irene Herrerías, quien por más de ocho años ocupó cargos en la Fiscalía General de la República (FGR) y ahora en la elección judicial logró un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), siguen acumulándose. Mario César González, uno de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, la acusó directamente de haber manipulado pruebas, ocultar información y de «no mover ni un dedo” en la investigación del caso Ayotzinapa.

En entrevista para el programa Noticias a las Dos, transmitido por SinEmbargo Al Aire, Mario César González se mostró descontento con los resultados de la elección al Poder Judicial, particularmente porque Herrerías ha logrado llegar a la Corte, pues la acusó de haber sido una pieza en el pacto de impunidad que, de acuerdo con los familiares, desde la FGR ha impedido que avance la investigación del caso Ayotzinapa.

“Ahora resulta que la que escondió y manipuló pruebas para no decir la verdad en un caso tan relevante vaya a ser Ministra. Desafortunadamente no sé a qué juegan. Para nosotros es penoso que una señora de esa magnitud llegue a ser Ministra”, declaró.

González, padre del normalista padre de César Manuel desaparecidos en Iguala, aseguró que Herrerías nunca compartió información ni con las familias ni con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). “Ella nunca nos daba la información, ni al GIEI. Nunca movió un dedo por la investigación. Siempre era lo mismo”, afirmó.

Al ser cuestionado sobre si la elección del Poder Judicial , a través del voto, genera expectativas entre los familiares de los estudiantes, el señor González contestó: “Desafortunadamente no”. Además, criticó la falta de ejecución de las órdenes de aprehensión que fueron emitidas a partir del trabajo del GIEI y del exfiscal especial Omar Gómez Trejo, quien renunció a su cargo en medio de un contexto de presión denunciando al Fiscal Gertz Manero y de su grupo injerir negativamente en la investigación.

“El regreso de la orden de aprehensión para el ‘Pajarraco’ da malas expectativas, ¿por qué no acceden a las 60 órdenes de aprehensión que dejaron el GIEI y el profesor Omar García, el Fiscal?”, señaló González, quien también refirió a una actitud sistemática de omisión y simulación por parte de los fiscales involucrados en el caso, a quienes acusó de lucrar con la causa de los estudiantes desaparecidos.

Recientemente, Salvador Leyva, extitular de la Secretaría Técnica del Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos de esa dependencia denunció en entrevista con Café y Noticias que Sara Irene Herrerías “intentó negociar el caso Isabel Miranda de Wallace e Israel Vallarta” a cambio de que el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) no denunciara ya ningún otro caso de tortura y otras violaciones a derechos humanos por parte de funcionarios.

“A ese nivel de corrupción y abuso de poder llegaba” Sara Irene Herrerías como subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la entonces Procuraduría General de la República, dijo Leyva en entrevista en el programa Café y Noticias.

Por otra parte, el nombre de la funcionaria también salió a relucir en una reciente y polémica publicación del extitular de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Arturo Ramírez Ramírez, quien en su cuenta de X lanzó un polémico tuit en el que aludió a presuntas anomalías en la investigación del Rancho Izaguirre, pues anunciaba que próximamente daría su versión sobre las “atrocidades” que encontró en ese lugar, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, y que, según señaló, era utilizado como campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además, en ese mensaje, el exvisitador, sin dar más detalles, advirtió y responsabilizó no solo al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, sino también a Sara Irene Herrerías Guerra de lo que pudiera ocurrirle.

“En próximos días daré mi versión del rancho Izaguirre, de la atrocidad que ahí encontré, tengo fe pública y el expediente que me quitaron y se lo dieron a la 6ª VG está foliado, así que no le pueden arrancar hojas. Hago responsable a Gertz y Sara Irene Herrerías de lo que me pase”, escribió el funcionario en su cuenta de X.

Ese mismo día, minutos después de la publicación del visitador, la CNDH informó que Ramírez Ramírez había sido removido del cargo de Director General de la Quinta Visitaduría General el 15 de mayo de 2025, señalando que su salida fue presuntamente derivada “de una serie de denuncias y quejas que le fueron presentadas por un grupo de víctimas y colectivos”.

Respecto a la duda sobre la investigación del Rancho Izaguirre que planteó el exfuncionario, la CNDH aclaró que investiga el caso desde el 13 de marzo de este año y señaló que la Quinta Visitaduría General no es la única instancia involucrada ni que su titular sea el único responsable.

“Rechazamos, por tanto, cualquier insinuación que quiera poner en duda la actuación de esta Comisión Nacional. Lamentamos que esto provenga de una persona que hasta hace poco fue funcionaria de este organismo nacional y que, además, por haberlo sido, está obligada a preservar las actuaciones que llevamos a cabo. En todo caso, como él mismo dice y reconoce, y además de que cualquier actuación contraria a la ley contradeciría nuestro compromiso y nuestras convicciones, el expediente del caso está debidamente foliado, y es imposible manipularlo o alterarlo”, aseguró la CNDH en su comunicado.

Su trayectoria en FGR/PGR

Sara Irene Herrerías Guerra ha ocupado cargos en el ámbito de los derechos humanos dentro del Ministerio Público federal durante más de ocho años. Fue nombrada en 2016 como Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención al Delito y Servicios a la Comunidad en la extinta Procuraduría General de la República (PGR), durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ocupó ese cargo hasta 2019, cuando fue ratificada por el entonces Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, ya dentro de la Fiscalía General de la República.

Desde esa posición, Herrerías tuvo a su cargo la supervisión de fiscalías especializadas en delitos de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares, trata de personas, delitos contra periodistas, personas defensoras de derechos humanos, migrantes, niñas, niños y adolescentes, así como delitos de tortura y cualquier otra investigación que le encargara el fiscal general.

Según la Ley Orgánica de la FGR, esa fiscalía es la responsable de conducir legalmente la investigación de delitos y ejercer la acción penal en casos de violaciones a los derechos humanos, “independientemente de la clasificación jurídica de los hechos”.

Sin embargo, para los familiares de los 43 estudiantes, su papel en la investigación fue nulo. Por el contrario, consideran que su actuación obstaculizó el acceso a la verdad y favoreció la protección de quienes participaron en la desaparición forzada de los jóvenes en septiembre de 2014.

El nombramiento de Sara Irene Herrerías como ministra de la SCJN ha generado preocupación y molestia en sectores de víctimas, quienes cuestionan que una funcionaria señalada por su falta de acción en casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos, y específicamente en el caso Ayotzinapa, ahora ocupe uno de los cargos más altos en el Poder Judicial.