BALTAZAR JIMÉNEZ ROSALES
ZÓCALO/CHILPANCINGO, GRO.
El proceso de juicio político y de revocación de mandato iniciado en contra de la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, se lleva a cabo al interior de la Comisión Instructora del Congreso del Estado “como lo marca la ley”, expresó categórico el integrante de esta comisión legislativa, Carlos Eduardo Bello Solano.
Respecto a las afirmaciones de la alcaldesa porteña en cuanto a que son producto de una persecución política los procesos iniciados en el Congreso del Estado y en la Auditoría Superior del Estado (ASE), que le exige la comprobación de recursos por 898 millones de pesos, el legislador de Acapulco por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se dijo respetuoso de lo que diga López Rodríguez, pero sí remarcó que todos los entes y servidores públicos están obligados a transparentar el dinero que ejercen.
En primer término, como integrante de la Comisión Instructora del Congreso del Estado, indicó que el proceso de juicio político que interpuso el ex diputado local Ramiro Solorio Almazán en contra de la alcaldesa López Rodríguez está siendo atendido de acuerdo a lo que establece la ley: “estamos estudiando los casos y me voy a limitar solamente a decir que somos muy respetuosos del procedimiento, porque soy parte de la Comisión Instructora y para no tomar parte en ese proceso, seré muy respetuoso”.
—Ella insiste en que hay persecución política en su contra, se le inquirió.
—Es su opinión, soy respetuoso de lo que diga la presidenta.
No obstante, sí recalcó que todos los entes públicos que manejan presupuesto y todos los servidores públicos están obligados a rendir cuentas ante los organismos correspondientes.
En cuanto al proceso de juicio político y de revocación de mandato que lleva a cabo la Comisión Instructora en contra de López Rodríguez, Bello Solano asentó que los integrantes de esta comisión legislativa se están apegando al procedimiento que marca el Código Procesal Civil.
Detalló que en estos momentos se encuentra la etapa del desahogo de pruebas entre las partes: “las partes han metido unos recursos de incidentes, los estamos atendiendo y eso puede alargar un poco más el procedimiento…el desahogo de pruebas es algo que marca el procedimiento, el decir: no estoy de acuerdo con esta prueba…estamos en eso…”.
En relación a lo que dice la alcaldesa Abelina López Rodríguez respecto a que a la Auditoría Superior del Estado no le corresponde fiscalizar los recursos federales, es decir, los 898 millones de pesos, el diputado local por Morena expresó que serán las instancias jurisdiccionales las que tendrán que decidir quién tiene la razón.