MARCIAL CAMPUZANO
CHILPANCINGO, GRO.
A pesar de contar con terreno donado, proyecto técnico y el respaldo de autoridades locales, la clínica de hemodiálisis prometida para el municipio de Arcelia sigue sin avances. Así lo denunció el diputado local Bulmaro Torres Berrum, en un punto de acuerdo en el Congreso del estado para exhortar a la Secretaría de Salud federal a reactivar las gestiones y concretar su construcción.
Durante la sesión legislativa de este miércoles, el legislador priista señaló que la falta de esta unidad médica especializada afecta directamente a los habitantes de los 9 municipios de la región de Tierra Caliente, quienes enfrentan altos costos y largos traslados para recibir tratamientos en otras ciudades.
Torres Berrum recordó que, durante su gestión como alcalde de Arcelia, se logró la donación de un terreno de 2 hectáreas para la construcción de la clínica, la cual contemplaba también servicios de endoscopia y cirugía de mínima invasión. Además, autoridades de salud del estado visitaron un complejo en Tlaxcala como modelo a replicar.
No obstante, pese al respaldo inicial del gobierno estatal, incluyendo menciones del proyecto en el segundo informe de gobierno de la actual administración, el diputado denunció que no ha habido seguimiento ni se ha informado del avance en su ejecución.
“El tratamiento con hemodiálisis 3 veces por semana puede extender la vida de los pacientes hasta por 15 años. No es una exageración decir que esta clínica puede marcar la diferencia entre vivir o morir para muchos ciudadanos de nuestra región”, sostuvo Torres Berrum desde la tribuna.
Explicó que la enfermedad renal crónica es irreversible y requiere atención constante. Las únicas clínicas en funcionamiento en el estado se ubican en Chilpancingo, Acapulco y Ometepec, lo cual obliga a los pacientes de Tierra Caliente a recorrer largas distancias para acceder al tratamiento.
El legislador planteó que el punto de acuerdo busca que la Secretaría de Salud federal no solo reactive la construcción de la clínica, sino que además amplíe la cobertura de atención médica especializada en la región, garantizando acceso digno, oportuno y humanizado.
Insistió en que el acceso a la salud es un derecho constitucional, y llamó a las autoridades a priorizar este proyecto como parte de una política pública de justicia social para una región históricamente marginada en materia de servicios médicos.
El compromiso fue público, lo único que pedimos ahora es que se concrete, porque la necesidad es urgente y los ciudadanos no pueden seguir esperando”, enfatizó el diputado. El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Salud del Congreso donde será analizado para su posible aprobación.
