«Abarca no es inocente, fue exonerado por fallas del Estado»: Iñaky
*Purga condenas de 90 y 20 años de prisión por el homicidio de 3 integrantes de la Unidad Popular (UP), y por el crimen perpetrado contra el síndico Justino Carbajal Salgado
*PGR, PJGE Guerrero, Sedena y CISEN desde 2013 ya investigaban la estructura de Guerreros Unidos, de la que Abarca formaba parte, dice el ex fiscal
*Llegado el momento, la PGR ejercería acción penal y el Congreso lo dejaría sin fuero constitucional, pero antes pasaron los ataques del 26 de septiembre de 2014
ROGELIO AGUSTÍN/SNI
HILPANCINGO, GRO.
Aunque el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez fue exonerado de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, no es inocente.
El ex procurador de Justicia de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera, aseguró que el reciente fallo que exoneró a José Luis Abarca Velázquez del delito de desaparición forzada en el caso Ayotzinapa no debe interpretarse como una declaración de inocencia, sino como la consecuencia directa de las graves violaciones al debido proceso cometidas por autoridades federales durante las investigaciones iniciales.
“El fallo del juez Ventura Ramos no absuelve moral ni fácticamente a Abarca. Lo que propició su exoneración fue la nulidad de pruebas clave, producto de detenciones arbitrarias, retenciones ilegales y actos de tortura por parte de elementos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal (PF) y la Secretaría de Marina (SEMAR)”, declaró Blanco Cabrera.
El 30 de mayo pasado, el juez primero de distrito en procesos penales federales en Matamoros, Tamaulipas, Raúl Ventura Ramos, resolvió no dictar auto de formal prisión en contra de Abarca por el delito de desaparición forzada, al considerar inválidos los principales datos de prueba obtenidos mediante violaciones al debido proceso.
Blanco recordó que desde antes de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera su Recomendación en 2018 sobre el caso, ya había advertido a la PGR sobre la necesidad de perfeccionar o aportar pruebas supervenientes. Sin embargo, “la entonces procuraduría fue incapaz incluso de acreditar la existencia de la organización criminal Guerreros Unidos”, señaló.
Seguirá
en prisión
A pesar del revés judicial, Blanco subrayó que José Luis Abarca acumula ya dos sentencias condenatorias: una de 92 años de prisión por el delito de secuestro agravado de cinco personas y otra de 20 años por homicidio, las cuales, conforme al criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben compurgarse de manera sucesiva al tratarse de hechos no conexos ni derivados entre sí.
Además, el ex alcalde de Iguala enfrenta aún procesos penales por homicidio, lesiones, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Que no se confunda la nulidad de pruebas con la inocencia”, reieró el ex procurador, al reiterar que el caso Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta no solo para las familias, sino para el Estado mexicano, que ha fallado en garantizar verdad y justicia.
Actualmente el ex presidente de Iguala purga una condena de 90 años de prisión por el asesinato del dirigente social Arturo Hernández Cardona, así como 20 años más por el crimen cometido en contra de su ex síndico Justino Carbajal Salgado, ambos hechos perpetrados en 2013.
Era investigado
Iñaky Blanco Cabrera recuerda que antes de que se registraran los ataques del 26 de septiembre de 2014, había también una investigación encaminada a procesar al ex alcalde de Iguala por su colusión con el grupo criminal conocido como Guerreros Unidos (GU).
En el mes de mayo, Soledad Hernández, hija del asesinado Arturo Hernández Cardona hizo un reconocimiento al ex fiscal Blanco Cabrera por la investigación realizada en el caso.
Se trata de una investigación relacionada por el delito de secuestro agravado y homicidio perpetrado en contra de tres integrantes de la Unidad Popular (UP), entre ellos su principal dirigente, Arturo Hernández Cardona.
El abogado Blanco establece que dicho caso se puede tomar como un antecedente del caso Ayotzinapa.
El asunto está en condiciones para pasar a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que motivó el reconocimiento al trabajo realizado por la Fiscalía de Guerrero en tiempos en que Guerreros Unidos ejercía un control casi absoluto en el municipio de Iguala.
En junio de 2013, tras el secuestro y asesinato de los líderes de la UP comenzó la investigación sobre la relación que José Luis Abarca tenía con el GU.
Esa investigación llevó al hallazgo de fosas clandestinas, osamentas, así como la obtención de nombres, números telefónicos y el desmantelamiento de por lo menos un narco laboratorio en la región Norte de la entidad.
En esas indagatorias iniciadas contra el GU y el ex alcalde Abarca, participó la entonces Policía Federal (PF), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Unidad Especial de Combate al Secuestro (UECS) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
En ese tiempo, se elaboró un documento denominado Objetivos de Atención Especial, entre los que se encontraba José Luis Abarca Velázquez, que se aclara, se trata de una investigación inicial que permitió conocer parte de la estructura y zona de influencia de Guerreros Unidos.
“La idea era que llegado el momento la PGR detuviera a José Luis Abarca en cumplimiento a una orden de aprehensión, o bien que lo sometieran a la medida cautelar de arraigo y que se sometiera al desafuero, juicio de procedencia o revocación de mandato a nivel estatal, para no poner sobre aviso a dicho sujeto”, anotó.
Por el caso de Arturo Hernández Cardona, dijo que se logró que una sentencia de 90 años de prisión, la que actualmente está purgando.
Además, recientemente un juez dictó una sentencia de 20 años en contra del mismo ex alcalde por el asesinato cometido contra Justino Carbajal Salgado, ex primer sindico y sobrino del ex senador Félix Salgado Macedonio.
Caso ayotzinapa
El abogado Iñaky Blanco Cabrera se refirió a quienes señalan que el ex primer edil de Iguala no es investigado por los hechos del 26 de septiembre.
“El Ministerio de Publico del Estado documentó la detención de 32 sujetos, entre ellos varios elementos de la Policía Municipal, entre ellos los mandos de dicha corporación, de tal manera que están siendo procesados por homicidio y por lesiones, lo que contrasta con lo que dicen algunos, respecto a que no se le investiga por los hechos de la Noche de Iguala”, destacó.
Precisó que la investigación estatal en contra del ex alcalde, los mandos y policías preventivos deriva de los homicidios y lesiones cometidas esa noche de 26 de septiembre.
“Pero a la fecha hay otros procesos abiertos que no están concluidos, entre ellos el que tiene que ver con el delito de operación de recursos de procedencia ilícita”, anotó.
Ordenó matar
al procurador
Las investigaciones iniciadas en contra del ex presidente municipal de Iguala, de acuerdo con Iñaky Blanco tuvieron sus consecuencias.
“Al termino de una reunión de Grupo de Coordinación Guerrero, meses antes de lo ocurrido en septiembre en Iguala, un integrante del grupo me hizo saber que ellos contaban con información de que Abarca había enviado a un grupo de gatilleros de Guerreros Unidos a ejecutarme, eso motivó que implementáramos algunas medidas de carácter cautelar y que también iniciáramos una averiguación previa, la cual se entiende que se integró, pero desconozco si se continuó con la misma”.
