Un Cefereso, el destino de la ex magistrada Lambertina Galeana
*Lambertina Galeana Marín tiene 80 años de edad y padece de diabetes, su familia espera información oficial
YASMÍN GARCÍA/SNI
CHILPANCINGO, GRO.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Lambertina Galeana Marin será trasladada a un Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), aunque en estos momentos sus familiares permanecen afuera de la sede delegación de la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo a un reporte emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la ex Magistrada fue trasladada a la sede de la Policía Ministerial Federal, para su certificación médica y posterior a ingreso a un Cefereso.
La ex magistrada fue detenida este miércoles 14 de mayor por la mañana entre un fuerte operativo de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Coordinación Nacional de Antisecuestro (Conase) a las 8:37 de la mañana, en su domicilio marcado con el número 66 en calle Abasolo, colonia Ruffo Figueroa.
De acuerdo con la familia de Galeana Marín su detención es derivado de una nueva orden de aprensión de la FGR por desaparición forzada, por los hechos registrados el 26 de septiembre de 2014.
El operativo fue comentado en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz que se desarrolla todas las mañanas, en donde las corporaciones de los tres niveles de gobierno intercambian información y toman decisiones.
Se confirmó que la ex presidenta del Poder Judicial de Guerrero se encuentra detenida a consecuencia de las decisiones que tomó en el contexto de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Las cámaras de video del Palacio de Justicia, habrían captado, de acuerdo con representantes y abogados del colectivo “Nos Faltan 43”, el momento en que policías preventivos de Iguala y presuntos sicarios del cártel de Guerreros Unidos (GU) interceptaban un autobús de pasajeros con estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, cuando intentaban escapar de la embestida armada.
El hecho fue avalado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), institución que asegura, los normalistas fueron trasladados hacia el municipio de Huitzuco, donde serían presentados ante un líder criminal al que los delincuentes se referían como “El Patrón”.
En su momento, la magistrada en retiro había declarado que las imágenes grabadas en las cámaras de vigilancia no tenían mucha utilidad, pues solo habían captado manchas borrosas.
Durante los diez años que han trascurrido de los hechos, los padres de los 43 han solicitado a diferentes presidentes del TSJ que entreguen a la FGR dichos videos, pues consideran que son claves para esclarecer la ubicación de un grupo importante de los normalistas desaparecidos.
Se ha manejado que ya existe una lista de ex colaboradores de la administración gubernamental de Ángel Aguirre Rivero, quien se separó de la titularidad del Ejecutivo local el 26 de octubre de 2014, un mes después de ocurridos los hechos.
