Primera sesión del Consejo de Desarrollo Rural se realizará el 30 de mayo
MARCIAL CAMPUZANO
CHILPANCINGO, GRO.
Organizaciones campesinas y autoridades estatales y federales del sector agropecuario, acordaron que el próximo 30 de mayo sesionará el Consejo Guerrerense de Desarrollo Rural Sustentable, con el propósito de revisar y definir el uso de los 400 millones de pesos destinados al campo guerrerense en el ejercicio fiscal 2025.
El dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, Evencio Romero Sotelo, informó que el acuerdo se alcanzó tras una reunión en la que participaron representantes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del estado, la Secretaría de Desarrollo Rural Federal y diversas organizaciones campesinas.
El compromiso de la sesión fue ratificado por Gregorio Portillo quien es secretario técnico del Consejo; y por Alejandro Zepeda Castorena, presidente suplente del órgano y secretario de Agricultura en la entidad.
De acuerdo con los participantes, la sesión del consejo se realiza con retraso, ya que debió celebrarse desde hace meses, según lo establece la ley. Las organizaciones denunciaron que el encuentro fue convocado a raíz de su presión, debido a la incertidumbre sobre el paradero de los recursos aprobados por el Congreso local.
Uno de los temas centrales será exigir a la Secretaría de Finanzas del estado y a las comisiones legislativas de Desarrollo Rural y Presupuesto, un informe detallado sobre la entrega de los recursos etiquetados, incluyendo las ministraciones ya realizadas, en caso de haberlas.
Los líderes campesinos expresaron su inquietud, tras declaraciones del secretario de Finanzas sobre la crisis económica estatal, señalando que, pese a las deudas heredadas, también se recibieron activos, por lo que exigen claridad en el manejo presupuestal.
La gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado Pineda encabezará la apertura del evento, y posteriormente la reunión será conducida por Zepeda Castorena y Portillo. Se espera la participación de más de 80 organizaciones campesinas, quienes demandan transparencia y compromiso con el desarrollo rural.
Los representantes del campo advirtieron que, de no obtener respuestas claras, podrían solicitar la intervención de la Auditoría Superior del Estado, ya que el incumplimiento de la fiscalización de los recursos constituiría una violación al decreto de Presupuesto de Egresos del estado.
