“La rendición de cuentas no es persecución, es una obligación”: Yoloczin
*La diputada federal llama a la alcaldesa de Acapulco a respetar la ley y no convertir la fiscalización en un discurso de victimización
REDACCÓN
CONTEXTO/GRO.
La diputada federal Yoloczin Domínguez Serna hizo un llamado a la presidenta municipal de Acapulco y a todos los servidores públicos, sin excepción, a cumplir con su obligación constitucional de rendir cuentas, especialmente cuando administran recursos públicos.
“La honestidad y la transparencia en el manejo de los recursos no están a debate. Cumplir con esta obligación no puede verse como un acto de persecución, sino como un principio fundamental del servicio público”, afirmó la legisladora guerrerense, en referencia a las recientes declaraciones de la alcaldesa Abelina López Rodríguez.
En relación con el argumento de competencia esgrimido por la alcaldesa para no entregar documentación a la Auditoría Superior del Estado (ASE), Domínguez Serna sostuvo que, si no ha incurrido en desvío de recursos ni peculado, no hay razón para evadir la fiscalización.
“Ningún servidor público puede pretender colocar por encima de la ley sus argumentos políticos o percepciones personales. No se puede llamar acto de arbitrariedad a la exigencia de rendición de cuentas. Quienes administramos recursos públicos debemos ser los primeros en poner el ejemplo ante la sociedad”, enfatizó.
La diputada recordó que la rendición de cuentas no está sujeta a condiciones ni admite excepciones, y que los entes fiscalizadores cumplen una función clave en el control democrático del uso del dinero público. En ese sentido, lamentó que se intente transformar un procedimiento legal en un discurso de victimización.
“El que nada debe, nada teme. Quienes tienen la responsabilidad de gobernar deben asumirla con seriedad y madurez, no con confrontaciones”, subrayó.
Como ejemplo, mencionó el caso del exdirector de Capama, quien —dijo— dejó el cargo sin responder a los señalamientos en su contra.
Finalmente, Domínguez Serna reiteró que los recursos públicos pertenecen al pueblo, no a ningún proyecto político, y que rendir cuentas no es una concesión, sino una obligación legal y moral que fortalece la confianza ciudadana.
