Muriel: vigilarán que perpetradores de violencia política no sean candidatos
*A nivel nacional están inscritos 342 personas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política
*En ese listado figuran hombres y mujeres, así como políticos y periodistas
BALTAZAR JIMÉNEZ ROSALES
ZÓCALO/CHILPANCINGO
La Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses estará muy vigilante de que en el próximo proceso electoral se aplique al pie de la letra la Ley 3 de 3, con el fin de que los perpetradores de violencia política en razón de género no puedan ser postulados a ningún cargo de elección popular.
La coordinadora estatal de esta organización defensora de los derechos de las mujeres, Muriel Salinas Díaz, expresó categórica que “el pueblo de Guerrero y las ciudadanas de Guerrero no merecen ser representadas por hombres o por personas que ejercen violencia contra las mujeres.
La activista feminista habló acerca de este tema al ser cuestionada sobre la expulsión del diputado local Alfredo Sánchez Esquivel como militante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), caso sobre el cual dijo que la Red estará muy al pendiente de la reacción que se tenga en las instituciones administrativas y jurisdiccionales en materia electoral, pues reconoció que el también ex presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local sí puede interponer un recurso de impugnación contra la resolución emitida por la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena.
Lo que sí dejó en claro que la organización que encabeza estará muy al pendiente de que en el ya próximo proceso electoral, a través del cual se elegirán al presidente de la República, senadores, diputados federales, locales y presidentes municipales, los agresores o perpetradores de violencia política en razón de género no puedan acceder a ningún cargo de elección popular.
“Esperamos que se aplique la Ley 3 de 3 contra la Violencia hacia las Mujeres en el próximo proceso electoral y que personajes como este sujeto, que han sido públicamente denunciados por mujeres como perpetradores de violencia política no tengan ninguna posibilidad de representar a la ciudadanía en ningún cargo de elección popular y tampoco en ningún cargo por designación en el ámbito de la administración pública”, asentó.
Mencionó que de acuerdo a la última actualización del Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral (INE), la cual se llevó a cabo el 14 de junio pasado, a nivel nacional en ese listado están inscritos 342 personas, mujeres u hombres de forma indistinta.
Entre las personas (mujeres u hombres) que han sido sancionados por violencia política en razón de género y que están inscritos en ese Registro Nacional se encuentran 62 presidentes municipales, 56 ciudadanos comunes, 41 regidores, 32 periodistas, 19 servidores públicos, 15 funcionarios de partidos políticos, 13 que han sido candidatos, 13 funcionarios federales, 11 directores de medios de comunicación, nueve síndicos, siete tesoreros, seis secretarios municipales, tres integrantes de medios de comunicación, dos locutores, tres militantes de partidos políticos, una persona encargada de Consejo Municipal, un diputado federal y un diputado local.
Mencionó que habría que esperar las próximas semanas, para observar el comportamiento de los tribunales en cómo resuelven las denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género y, en el caso de que se acredite, que las sentencias deben ordenar que las personas sancionadas sean inscritas en este Registro Nacional y que el castigo no sea menor a tres años.
