*“Es mucho el tiempo que ha transcurrido y todavía no se sabe lo que pasó”, admite el ex fiscal guerrerense
*Recuerda que la etapa que estuvo en sus manos la investigación se encuentra firme, que la narrativa no se ha desvirtuado y que hay elementos limpios, libres de cuestionamiento
*El informe del GIEI en realidad “es una investigación sobre la investigación del caso, no sobre lo que ocurrió el día 26 y las primeras horas del 27 de septiembre de 2014”, dijo
ROGELIO AGUSTÍN/SNI
CHILPANCINGO, GRO.
El ex fiscal guerrerense, Iñaky Blanco Cabrera sostuvo que los padres de los 43 tienen razón cuando manifiestan “estar encabronados” por los resultados que registran las investigaciones en torno a la desaparición de sus hijos, “pues ya son muchos años y no sabemos a ciencia cierta lo que pasó”.
Blanco Cabrera, quien fuera titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) cuando se registraron los hechos del 26 de septiembre de 2014, admitió que el reclamo de los papás de los normalistas desaparecidos “está más que justificado”.
Indicó: “Son muchos años y no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió”.
Explicó que el informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en realidad “es una investigación sobre la investigación del caso, no sobre lo que ocurrió el día 26 y las primeras horas del 27 de septiembre de 2014”, en Iguala.
Lo que se expuso, refirió que tiene que ver con una inadecuada preservación del lugar de los hechos, en este caso el basurero de Cocula, donde luego se trataría de fundamenta la denominada “verdad histórica”, en una serie de trabajos en los que no existen oficios de colaboración, dado que no obra en la indagatoria, que haya enviado la PGR a distintas autoridades para efecto de que le prestaran auxilio.
Hay, de acuerdo con el abogado Blanco Cabrera, una serie de elementos que abonan al terreno del descrédito de la investigación, lo que asegura “tiene que ser investigado y dar lugar al fincamiento de responsabilidades, porque no solamente se habla de inadecuados procesamientos, también de falsificaciones de documentos”.
En el informe hay situaciones que ya se conocían, como el hecho de que hubo detenciones ilegales y actos de tortura, situación que resulta muy grave.
Otro punto que se asume que era conocido, es que algunos de los estudiantes estuvieron en la barandilla municipal y luego fueron sacados.
Respecto al tema de la infiltración de la Normal Rural por parte de personal del Ejército, dijo que ya se tenía información y que incluso, algunas personas estaban identificadas.
Las tareas de seguimiento hacia las actividades de la Normal, en realidad se remontan a muchos meses antes del 26 de septiembre, particularmente a cargo del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Su investigación
Iñaky Blanco Cabrera asegura que la FGE no estuvo en Iguala durante las horas en que se generaron los ataques, pues no tenía acceso al C-4 de Iguala que estaba en control del Ejército, a pesar de que en varias ocasiones, al seno del Grupo de Coordinación Guerrero solicitó que se generara un espejo del sistema de monitoreo hacia la FGE, para tener acceso al control en tiempo real; sin embargo, nunca se le otorgó.
Oficialmente, la FGE conoció de los hechos después de las 23 horas del 26 de septiembre de 2014, a partir de ahí fue que se pusieron en marcha algunas acciones, las que, asume, a pesar del tiempo se mantienen firmes.
“La narrativa de inicio en nuestras investigaciones no ha sido desvirtuada, contiene lo concerniente a la participación en los hechos de elementos de las policías municipales, específicamente de Iguala, de cuya corporación consignamos a más de 20, consignamos a José Luis Abarca (entonces alcalde de Iguala) y en total 33 siguen en la cárcel, siguen sujetos a proceso En ninguno de esos casos se alega que fueron víctimas de tortura o que fueron objeto de procesos irregulares”.
A la mayoría de los normalistas que puso a disposición la FGE en tiempos de Iñaky Blanco, un grupo importante de normalistas los identificó como sus agresores, de tal manera que las bases de la investigación ahí están.
Indicó que hay certeza de que hubo un grupo criminal que atacó a los estudiantes, que fue Guerreros Unidos (GU) y que tuvo el apoyo de personal de la Policía Preventiva de Iguala, lo que estaría pendiente es saber si hubo colaboración u omisión de otras autoridades de distintos ámbitos de gobierno.
Agregó que se debe tomar en cuenta que al paso del tiempo, existen elementos de prueba “que están limpios y que no son factor de nulidad”, como las intervenciones de la DEA, los chats del Ejército y testimonios que confirman que en los ataques intervino directamente el grupo criminal, denominado Guerreros Unidos.